España tiene tres años para sortear la multa por contaminación de Bruselas

Está previsto que hoy la Comisión Europea denuncie a España ante la Justicia europea. El procedimiento tendrá dos etapas.

El ejecutivo comunitario está dispuesto a presionar a nuestro país para que cumpla la normativa europea contra la contaminación atmosférica, con el foco en los puntos negros de Madrid y Barcelona. Por eso, está previsto que hoy la Comisión Europea denuncie a España ante el Tribunal de Justicia de la UE dentro del paquete de infracciones que hoy se aprobarán por procedimiento escrito. Fuentes comunitarias precisan, sin embargo, que en esta parte del proceso el ejecutivo comunitario no realiza ninguna recomendación sobre una posible multa, ya que este paso tiene como objetivo que el país concernido tome cartas en el asunto. Una vez que se produce esta denuncia, el Tribunal de Justicia suele emitir una primera sentencia en un plazo de unos seis o siete meses, aunque es posible que el expediente se archive si el país toma las medidas pertinentes. En caso de que el país infractor no reaccione, el ejecutivo comunitario puede pedir una sanción económica, las mismas fuentes calculan que esta situación puede producirse dentro de un año.

No obstante, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, hay más tiempo, ya que el procedimiento tendría dos vueltas: «El tiempo para evitar una multa sería entre un año o un año y medio desde la sentencia declarativa. Si se logra cerrar el expediente tras aplicar medidas la multa cesaría. Y si la CE no estuviera satisfecha te daría un plazo antes de volver a mandar al país a los tribunales. Después habría otro plazo de año y medio hasta dictar la sentencia de infracción, de modo que sería en tres años más el plazo que se dé la CE entre una sentencia y otra».

En cualquier caso, llueve sobre mojado. Bruselas abrió un procedimiento contra España en 2015 debido a la mala calidad del aire en Madrid y el área metropolitana de Barcelona. Desde entonces, los avisos y llamadas de atención han sido notorios. El último tuvo lugar a principios de este mes, en plena polémica por la paralización del proyecto de Madrid Central tras el cambio político en el consistorio: el Ejecutivo comunitario decidió enviar una carta a las autoridades españolas el pasado 9 de julio en la que mostraba su preocupación «sobre la grave situación respecto a la calidad del aire en España». Tras recibir esta carta por parte del comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, la ministra en funciones Teresa Ribera pidió colaboración a las administraciones concernidas con el objetivo de alcanzar el cumplimiento de los valores límite para el año 2020 y remitió la carta del comisario al alcalde de Madrid y a la Generalitat de Barcelona.

Sin citar ninguna ciudad, Vella le expone que, según las evaluaciones de las que dispone, se siguen produciendo superaciones en los niveles de NO2. «Parece que las medidas anunciadas y adoptadas hasta el momento no son suficientes para abordar estos incumplimientos de calidad del aire y para alcanzar el cumplimiento total de los valores límite de Calidad del Aire de la UE para 2020, tal como nos lo comunicó su Gobierno».

La misiva, que facilitó el propio ministerio, concluye recordando a Ribera que «todas las partes interesadas en todos los niveles relevantes de gobernanza deben movilizarse y contribuir al diseño y la implementación de políticas nacionales efectivas, regionales y locales» con el fin de cumplir «la ley de la UE y salvaguardar la salud de la población». Se estima que la mala calidad del aire es responsable de 400.000 muertes prematuras en la UE.