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El Congreso recupera la sanidad universal para inmigrantes ilegales

El Ejecutivo logra la convalidación de sus tres primeros decretos ley y deja para más adelante el de Franco

  • Imagen de uno de los numerosos asaltos que ha sufrido la valla de Melilla durante los últimos años / Reuters
    Imagen de uno de los numerosos asaltos que ha sufrido la valla de Melilla durante los últimos años / Reuters

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07 de septiembre de 2018. 05:02h

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Ainhoa Martínez Madrid. 6/9/2018

Ayer fue un buen día para el Gobierno en el Congreso de los Diputados. Acostumbrado a sufrir reveses por la debilidad parlamentaria que supone gobernar con tan sólo 84 diputados, el Parlamento le permitió convalidar los tres primeros reales decretos que sometió al Pleno. Quizá el más trascendente de todos ellos es el que recupera el acceso al Sistema Nacional de Salud para todas las personas que residen en España sin necesidad de padrón, esto es, su universalización y su expansión a los inmigrantes sin papeles a quienes el PP había retirado esta cobertura en 2012. Salió adelante por 173 votos a favor, los 133 en contra del Partido Popular y la abstención de los 31 diputados de Ciudadanos.

De este modo, el Ejecutivo consiguió granjearse el apoyo de los partidos soberanistas, ERC y el PDeCAT, que habían ligado su voto positivo a que el Gobierno retirase los recursos ante el Tribunal Constitucional que pesan sobre las leyes sociales catalanas en este sentido.

Este fue uno de los primeros decretos que aprobó el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras su llegada a La Moncloa, en plena crisis del «Aquarius», para demostrar que otra política migratoria, distinta de la del Partido Popular, era posible. Según explicó la ministra de Sanidad, Carmen Montón, durante la defensa del texto, el decreto es una norma que «dignifica» la acción política, «elimina» las desigualdades y garantiza el derecho a la sanidad, la solidaridad y la cohesión.

Ningún rechazo

Sin ningún voto en contra se convalidaron también los reales decretos ley sobre la normativa europea de protección de datos y de la oferta de empleo público relacionada con el asilo y los refugiados. El primero, según la ministra de Justicia, Dolores Delgado, era «urgente y necesario» para cubrir «los espacios vacíos» y las «lagunas» tras la entrada en vigor de la norma europea sin su transposición a la española.

La Junta de Portavoces decidió el martes limitar a estos tres reales decretos los que se votarían esta semana en el Congreso. De este modo, permitía al Ejecutivo sortear otro nuevo varapalo parlamentario, dejando para más adelante –previsiblemente para la próxima semana– los referidos a la exhumación de Francisco Franco y el Pacto de Violencia de Género, que no gozan del consenso suficiente en la Cámara.

Tanto el PP como Ciudadanos han mostrado sus dudas, apelando incluso a la inconstitucionalidad de este último, y acusando al Gobierno de «abusar» de un mecanismo –el decreto ley– que requiere que exista una situación de excepcionalidad para operar. Con el trámite de ayer el Gobierno respira y da salida a los primeros que aprobó, en el Consejo de Ministros del 27 de agosto, y que estaban a punto de cumplir el plazo de 30 días que media entre la aprobación en el Consejo y la convalidación en el Congreso.

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