Sanidad

Más de 2.500 mujeres residentes en Portugal abortaron en España entre 2019 y 2023

Informe publicado por Amnistía Internacional

May 3, 2022, Tucson, Arizona, USA: Around a thousand Pro-Choice abortion rights demonstrators hold a rally outside the Federal Courthouse in Tucson. They came out to protest after a leaked draft majority opinion from the Supreme Court showed that Roe Vs Wade will be overturned severely limiting or in some States eliminating the right to an abortion. Abortion in the United States has been legal for over 50 years since the landmark court decision guaranteeing access to safe abortions. Now with ...
EEUU.- El Tribunal Supremo de Arizona da validez a una ley de 1864 que prohíbe el aborto en casi todos los supuestosEuropa Press/Contacto/ChristopheEuropa Press

Más de 2.500 embarazadas residentes en Portugal tuvieron que cruzar la frontera a España para abortar entre 2019 y 2023, según un informe publicado este martes por Amnistía Internacional (AI).

La organización alertó en el documento que desde que se aprobó la despenalización de este procedimiento en 2017 en Portugal se han recibido 159 denuncias por presuntos "delitos de aborto" y ha habido 33 condenas.

"Todavía son muchos los obstáculos que impiden que este derecho sea plenamente efectivo y accesible para todos", denuncia AI en su reporte, titulado 'Una opción sin elección. Informe sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Portugal'.

Este país, junto con Croacia, Montenegro, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia y Turquía, tiene actualmente el límite más corto de Europa para practicar un aborto: 10 semanas.

Ese plazo, dice el informe, "hace imposible que muchas personas en Portugal accedan a la atención que necesitan dentro del plazo legal", por lo que muchas mujeres tienen que ir a España.

Información proporcionada por el Ministerio de Sanidad español a AI apunta que en los últimos cinco años 2.525 mujeres residentes en Portugal abortaron en España.

"En dos tercios de los casos el embarazo se interrumpió después de las 10 semanas, el límite legal en Portugal", detalla el informe, que alerta del acceso desigual a este procedimiento en el territorio luso.

Por ejemplo, de las 158 mujeres que abortaron en 2023 en el archipiélago de las Azores, solo 14 lo hicieron allí (un 9 %), mientras que 144 tuvieron que desplazarse hasta territorio continental.

Una situación similar se vive en el Alentejo, limítrofe con España, donde de las 696 interrupciones voluntarias del embarazo que se registraron en 2023, tan solo 190 (el 27 %) fueron efectuadas en centros médicos de la misma región.

AI destacó que en los 18 años desde la despenalización del aborto en Portugal se mantienen trabas, como "la falta de cobertura en todo el país (...), el periodo de reflexión obligatorio de al menos tres días y la falta de regulación de la 'objeción de conciencia' por parte de los profesionales sanitarios".

Además, sigue existiendo "tabú y estigma" sobre este procedimiento médico, que en 2023 se practicó en 16.559 casos.

En Portugal, los abortos solo pueden llevarse a cabo en establecimientos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Sanidad: hasta mayo de 2025 había 44 hospitales públicos y una clínica privada en esta lista.

Sin embargo, de acuerdo a datos de ese ministerio, del total de 45 instituciones médicas autorizadas, siete realizan abortos únicamente en caso de riesgo para la madre, malformación o violación, mientras que cuatro ni los llevan a cabo.

De estos 11 centros, hay 10 que tienen personal médico que se niega practicarlo por motivos de conciencia.

Otros obstáculos son el requisito de que un médico distinto al que realiza el aborto certifique por escrito que el embarazo no supera las 10 semanas y que exista un periodo de reflexión obligatorio no inferior a tres días desde la primera consulta.

AI cita datos de la Dirección General de Política Judicial, que indican que desde 2007 se han recibido 159 denuncias por presuntos "delitos de aborto" y, hasta 2023, 58 acusados fueron enjuiciados, de los que 33 recibieron condenas.

El grupo avisó de que la falta de información y detalles sobre estas cifras "no permite conocer en qué circunstancias se produjeron estas denuncias, ni si los acusados eran embarazadas (...) o profesionales sanitarios o terceras personas que pudieron haber asistido" el procedimiento, informa Efe.