La Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (COP11) reunirá en Ginebra, del 17 al 22 de noviembre, a los países firmantes del tratado internacional más importante sobre control del tabaco. Entre las medidas que se debatirán figuran la reducción de puntos de venta, la prohibición de incentivos a minoristas, la eliminación de filtros de cigarrillos y la retirada de ayudas al cultivo de tabaco. Varias de estas propuestas ya fueron discutidas en la anterior COP, pero ahora podrían convertirse en compromisos vinculantes para los países europeos.

La Unión Europea acude a la COP11 con división interna. Aunque actúa como una sola voz, la Comisión Europea quiere cambiar el sistema de decisión -basado hasta ahora en el consenso- por uno de mayoría cualificada. Este cambio restaría soberanía nacional y limitaría el control democrático sobre medidas que afectan directamente a la economía y la salud pública, según han advertido algunos países miembro. España ya expresó su oposición a este sistema en la anterior cumbre.

Y es que la aprobación del plan de la OMS supondría un golpe mortal para la economía española. Nuestro país cuenta cuenta con cerca de 13.000 estancos, muchos de ellos negocios familiares con licencias estatales cuyo valor ronda entre 100.000 y 150.000 euros. El cierre de puntos de venta pondría a 20.000 familias en riesgo. Estos establecimientos no solo venden tabaco: también verifican la edad de los compradores y garantizan la legalidad del producto, actuando como una barrera frente al contrabando.

Las asociaciones del sector advierten que limitar los puntos de venta podría provocar cierre de negocios, pérdida de empleo y un aumento del comercio ilegal, que ya supera el 40% en Francia y representa más del 20 % del consumo en regiones como Andalucía. Según estimaciones recientes, en 2024 circularon en España 1.400 millones de cigarrillos ilícitos, con una pérdida fiscal de 263 millones de euros.

La polémica de los filtros

Una de las propuestas más controvertidas es la prohibición de los filtros de cigarrillos, presentada como una medida ambiental. Sin embargo, expertos en salud pública advierten que los filtros reducen la exposición de los fumadores a partículas nocivas y que su eliminación podría aumentar el riesgo de cáncer y de enfermedades respiratorias.

Además, esta iniciativa entraría en conflicto con la normativa europea, que ya regula los filtros como producto de plástico de un solo uso bajo el principio de responsabilidad ampliada del productor. En lugar de prohibirlos, la legislación comunitaria aboga por impulsar la recogida y el desarrollo de filtros biodegradables.

Una industria clave para Europa

Según el Consejo Europeo de Innovación en Políticas (EPIC), la industria tabacalera aporta 223.700 millones de euros al PIB de la UE —el 1,3 % del total— y genera más de 2,1 millones de empleos directos e indirectos. Reemplazar estos empleos requeriría que sectores como el de bebidas crecieran un 600% o el financiero un 68%.

Solo en impuestos especiales, los estados miembros recaudan 112.900 millones de euros anuales, una cifra equivalente al 55 % del gasto europeo en defensa. El último informe de este organismo, publicado en marzo, advertía de que restringir la industria sin alternativas “provocaría desempleo masivo y un repunte del comercio ilícito procedente de terceros países, como China”.

Siguientes pasos

El resultado final dependerá de la decisión que adopte el Consejo de la UE y de cómo se incorpore esta posteriormente a las legislaciones nacionales. En primer lugar, la UE tendría que establecer una postura común; después, su representación defendería esa posición en la reunión de Ginebra. Si se alcanzan acuerdos, se tomarían decisiones oficiales en el ámbito comunitario y, en consecuencia, España podría modificar sus propias normas para ajustar el número de estancos, los incentivos comerciales y la posible eliminación de los filtros.