La izquierda quiere imponer el turismo del aborto en la UE

El pasado mes de septiembre, una iniciativa ciudadana europea denominada «My Voice, My Choice» presentó 1,2 millones de firmas para que la Comisión Europea establezca un mecanismo financiero de «solidaridad» que permita a los Estados miembros cubrir los gastos de viaje y del procedimiento de aborto para mujeres que no puedan acceder a esta práctica en su país. Esto supone un mecanismo para financiar un «turismo del aborto» hacia países con regulaciones más permisivas. Además, sus impulsores aspiran a que el aborto sea reconocido como un derecho europeo y que sea incluido en la Carta de Derechos Fundamentales.

Tras la presentación formal de la iniciativa se están celebrando actos tanto en la Comisión de Derechos de las Mujeres como en el Parlamento para impulsarla, como una reunión esta semana con la comisaria Hadja Lahbibniv. Al mismo tiempo, estos grupos de izquierdas han aumentado las publicaciones en redes sociales con vídeos de apoyo de eurodiputados.

La propuesta coincide con otras recientes tomadas por el Gobierno español, como la propuesta de reforma de la Constitución para incluir en ella el derecho al aborto, o el lanzamiento de la web «Quiero abortar», impulsada por los Ministerio de Sanidad e Igualdad, y que persigue ofrecer «un espacio público seguro» para dar apoyo a mujeres embarazadas que busquen información sobre el aborto. El año pasado se realizaron en España 106.172 abortos, un 3% más que el año anterior. De ellos, el 78% se realizaron en centros privados.

Volviendo a la iniciativa «My Voice, My Choice», la Comisión de Derechos de las Mujeres acaba de presentar el borrador de una moción de resolución elaborada por la eurodiputada sueca Abir Al-Sahlani, perteneciente al Grupo Renew.

El texto no solo apoya la propuesta ciudadana, sino que también defiende el acceso pleno al aborto, critica los plazos o los supuestos de algunas leyes nacionales, y plantea como obstáculos el consentimiento informado, los periodos de reflexión o incluso pruebas médicas imprescindibles. Hasta el próximo jueves está abierto el plazo para presentar enmiendas al texto, que primero se votará por los miembros de la Comisión de la Mujer, y en caso de aprobarse, pasará al pleno del Parlamento, donde podrán presentarse nuevas enmiendas y será votado por todos los eurodiputados.

Una de las eurodiputadas que trabaja contrarreloj en la elaboración de esas enmiendas es Margarita de la Pisa, de Vox, con quien ha hablado LA RAZÓN para conocer su opinión sobre esta iniciativa.

La eurodiputada señala que «si esta propuesta llegara a ponerse en práctica, sería un comportamiento inaceptable por parte de la Comisión hacia los Estados miembros. Ofrecería una complicidad activa con los ciudadanos para eludir las leyes de sus países, financiando su traslado a lugares donde colmar su intención, con dinero procedente del bolsillo de los europeos».

De la Pisa señala que, de este modo, la Comisión «pondría en cuestión la legitimidad de las regulaciones nacionales, tratando las garantías legales como si fueran obstáculos». Y recuerda que «medidas como el consentimiento informado, el periodo de reflexión o las pruebas médicas (como análisis de sangre o ecografías) tienen como objetivo proteger la salud de la mujer embarazada y evitar decisiones equivocadas irreversibles tomadas bajo presión o desinformación».

Sobre si existe una necesidad real o no de propuestas como ésta, la eurodiputada de Vox afirma que «no responden a una necesidad médica ni a una inquietud real de la ciudadanía, sino a un empuje político e ideológico, diseñado para movilizar el voto en torno a una causa “sensible” que resulta difícil cuestionar públicamente». En este sentido, considera que «merecemos un debate real, en el que se conozcan las implicaciones de lo que se propone. Pocos saben que se está pidiendo un aborto sin límites de plazo, sin condiciones, sin información ni pruebas diagnósticas. Mientras tanto, el apoyo a la mujer durante el embarazo se presenta como una supuesta regresión de los derechos de la mujer».

De la Pisa añade con convicción que pocas personas aceptarían estos textos tal y como se redactan en el Parlamento, y sostiene que «muchos europeos se indignan al pensar que su dinero pueda destinarse a financiar abortos».

Conocida por ser una firme defensora de la vida, Margarita de la Pisa destaca que el aborto «es un drama y un fracaso social que exige políticas de apoyo real a la mujer y a la maternidad, no campañas ideológicas». En este sentido, considera que la responsabilidad de los gobernantes «es crear un ambiente donde los ciudadanos puedan desarrollar una vida plena. Hoy ese objetivo no se cumple: hay frustración a muchos niveles para emprender un proyecto de vida, llegar a fin de mes, encontrar estabilidad o un propósito inspirador», lamenta.

Al ser preguntada sobre qué opina sobre el impulso de iniciativas proabortistas europeas en el actual contexto de crisis demográfica, cuando la natalidad se encuentra en mínimos históricos, afirma que «la promoción del aborto transmite una visión pesimista de la vida. Presenta la maternidad como un obstáculo contra el que enfrentarse y deja de ver el don de la vida como un misterio que nos trasciende. Incluso se llega a hablar del aborto como pilar de la igualdad, en lugar de reconocer el embarazo como un privilegio y la vida como una oportunidad. Esta visión intoxica a la sociedad y nos convierte en personas frías y calculadoras».

Frente a ello, la europarlamentaria insta a medidas que apoyen a la maternidad «sin complejos», y que lleven a que las mujeres «no tengan miedo a ser señaladas por el feminismo radical como una regresión» por decidir ser madres. De la Pisa concluye esta entrevista recordando que con este tipo de iniciativas el embarazo «se presenta como un inconveniente, cuando debería verse como un privilegio. La mujer está desprotegida cuando se nos imponen estas políticas sociales que nos empujan a elegir entre ser madres o a supuestamente realizarnos como mujeres. Esta es la verdadera discriminación», asevera.