Rebelión contra las ordenanzas del burka

MADRID- El Tribunal Supremo fue categórico. La prohibición del burka en las dependencias municipales supone una vulneración del derecho a la libertad religiosa; además un Ayuntamiento no tiene capacidad para regular aspectos que incidan en los derechos fundamentales. Así lo dictó después de que la asociación islámica Watani recurriera la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña de permitir la Ordenanza del Ayuntamiento de Lérida que prohibía el velo islámico, el burka y otras prendas que cubrieran el rostro. Tras esta decisión, Watani quiere dar un paso más allá: la entrega a los ayuntamientos de Barcelona, Mollet del Vallés, Santa Coloma de Gramanet –todos en la provincia de Barcelona–, Tarragona, Cunit, El Vendrel –en Tarragona– y Coín –Málaga– de una instancia en la que se solicita la anulación de esta prohibición, pues, según la asociación, cuentan con normativas similares a la ilerdense. ¿Estamos ante un definitivo levantamiento del «veto» al burka?

A corto plazo no parece probable. Tal como explica a LA RAZÓN Carlos Antolí, abogado de la asociación, «para que una sentencia de lugar a jurisprudencia, se necesitan tres sentencias del mismo tribunal».

«Línea doctrinal»

Así, en todo caso, lo que hizo el Supremo fue «crear una línea doctrinal: los ayuntamientos no son competentes para regular normas que afecten a los derechos fundamentales». En este caso, hablamos del artículo 16 de la Constitución, que «garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley». Ahora, la asociación tiene que estudiar si en cada uno de los ayuntamientos afectados se «incumple» dicho artículo. Y es que, aparte de los citados por Watani, localidades como Manresa, Reus y Sa Pobla cuentan con ordenanzas similares.

¿Qué van a hacer los ayuntamientos? De momento, Lérida ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo. De hecho, el Consistorio ha contado con el «apoyo total» de la Generalitat, en palabras del conseller de la Presidencia, Francesc Homs. Es más, el Govern no descarta tratar el asunto en el Parlament.

Mientras, fuentes del Consistorio de Barcelona explicaron a este diario que en la ciudad condal se cuenta con una instrucción que «no es obligatoria», pues se le da a cada dependencia municipal la opción de permitir o no el acceso con el rostro cubierto. En todo caso, recalcaron que se trata de «una cuestión de seguridad y en ningún caso de exclusión religiosa». Por ello, «no tienen previsto» realizar cambios al respecto por el momento. Esta es la postura dominante: ningún ayuntamiento prevé cambios a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo. Desde el Consistorio de Mollet del Vallés explicaron que, a día de hoy, no les ha llegado la petición de Watani. En el momento en que la reciban, «analizarán» la instancia y ya se verá si «se mantiene la prohibición» o si se producen «cambios». Mientras, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet prefiere, por el momento, no hacer declaraciones y asegura que en su localidad «no hay ninguna normativa al respecto». «Cualquier persona tiene que poder identificarse», aseguran desde el Ayuntamiento de El Vendrell. Así justifican la ordenanza que rige en su municipio desde diciembre de 2011 y que «no se refiere únicamente al burka. Se aplica a cualquier objeto que impida reconocer a la persona que entra en un local público», explican. Así, insisten en que «no nos oponemos a que se cubran en las vías públicas o en locales privados donde prevalece el derecho de admisión». Consideran que su norma no vulnera ningún derecho fundamental y «no nos planteamos modificarla. Se promovió como una acción participativa ciudadana». Además, «en el momento de su aprobación sólo llevaba burka una mujer con la que no hemos tenido ningún problema», añaden.

Cunit estuvo en el punto de mira en 2010 cuando el Pleno del Ayuntamiento realizó una moción por la que se «limitaba el uso del velo integral». Es más: prohibía concretamente el burka y el niqab. Sin embargo, a pesar del acuerdo entre el PP y el PSC, actualmente «no existe ninguna ordenanza municipal que regule el uso del velo integral», afirma el regidor Pedro Ruiz. En este municipio «no tenemos ningún problema. Lo que ocurrió tuvo más carácter mediático que otra cosa», insiste Ruiz. Por ello, «hasta que la Generalitat o la Administración central no determine un marco común para identificar el rostro, no impulsaremos ninguna norma».

La polémica del velo

En cuanto a la malagueña Coín, su relación con la polémica del burka es similar a la de Cunit. «En 2010, el anterior equipo de Gobierno aprobó en pleno una ordenanza para restringir el uso del velo integral, pero no pasó de ahí», explican. En este municipio existe una población marroquí importante y «hemos detectado a varias chicas que llevan burka, pero no se ha puesto en marcha ninguna norma que no les permita llevarlo», sostienen.

Sobre el argumento empleado por los ayuntamientos españoles acerca de las normas de seguridad, Antolí aclara que es un aspecto que «nosotros no hemos recurrido; sólo hemos incidido en aquellos puntos que muestran un cariz de discriminación religiosa». Así, tras enviar las instancias a los municipios, el abogado explica que cada ayuntamiento debería «admitirlo a trámite, estudiarlo, someterlo a pleno y, una vez allí, aprobarlo o rechazarlo». Si se rechaza la petición, el abogado presentaría un recurso por vía administrativa al propio municipio en cuestión. Y si la respuesta vuelve a ser negativa, «se recurriría por la via contencioso-administrativa». Con todo, no hay que olvidar uno de los puntos en los que incide la sentencia del Tribunal Supremo: sólo con una ley estatal podría restringirse el uso del velo, el burka o el niqab en el interior de las dependencias públicas. Un texto que, a día de hoy, no existe.

Francia y Bélgica lo prohíben hasta en la calle

En Francia, las mujeres tienen prohibido ir vestidas con el velo integral no sólo en las dependencias de las instituciones oficiales, sino incluso para ir por la calle. El país galo instauró esta prohibición en abril de 2011 tras varios años de acalorado debate. Las autoridades de ese país calculan que, hasta ese momento, más de 2.000 mujeres vestían el burka o el niqab. En julio de 2011 Bélgica siguió los pasos de Francia y se convirtió en el segundo país europeo en vetar el velo integral en espacios públicos, bajo multa de 137 euros y penas de prisión de entre uno y siete días.