Siete detenidos por explotación laboral de 45 temporeros en situación irregular en Rioja

La Guardia Civil ha detenido en La Rioja a siete personas que presuntamente formaban una red criminal de explotación laboral de, al menos, 45 trabajadores agrarios en situación irregular, tres de ellos menores, que carecían de contrato y vivían hacinados en condiciones insalubres.

El portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez, ha informado en una rueda de prensa de la operación 'Landwrt', acompañado por la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, y el jefe la X Zona, Enrique Moure.

Los detenidos, seis hombre y una mujer, con edades entre 28 y 50 años, son investigados como presuntos autores de los delitos de organización criminal, trata de seres humanos, detención ilegal, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.

Los detenidos, de origen marroquí, explotaban a compatriotas en situación de vulnerabilidad, a quienes captaban en distintos puntos del país para trabajar en labores agrícolas en diversos municipios de Rioja Baja, ha detallado Sáez.

A principios del pasado mes de julio, agentes de la Policía Judicial en la comunidad riojana conocieron, a través de una denuncia, la existencia de esta organización criminal asentada en Rioja Baja, dedicada a la explotación de trabajadores en situación irregular mediante un entramado de empresas, inmuebles y fincas agrícolas.

En su investigación, ha añadido el portavoz, los agentes identificaron a tres hombres que habían constituido una red que operaba en La Rioja y extendía sus ramificaciones hasta otras zonas en el sur de España, donde captaban mano de obra en situación irregular.

Un euro por un kilo de piparras

Una vez en la región, eran alojados en viviendas en pésimas condiciones de habitabilidad y trasladados a fincas agrícolas para ser explotados, siempre bajo la vigilancia de personas de confianza del entramado criminal.

Los temporeros realizaban tareas agrícolas como desbroces, poda y recogida de fruta y verdura, pero carecían de contrato laboral y recibían su remuneración en efectivo.

En muchos casos no llegaban a cobrar por su trabajo u obtenían pagos simbólicos, como un euro por kilo de piparra recolectado; y, además, se les descontaban 150 euros por compartir estancia o 50 euros por el uso de un colchón en espacios insalubres.

Esta situación generaba una relación de dependencia total al ofrecerles falsas promesas de tramitar su residencia y regularizar su situación en España, ha añadido.

Durante la investigación se detectó la presencia de, al menos, 45 trabajadores en situación irregular presuntamente explotados por la red, muchos de los cuales huyeron campo a través al percatarse de la llegada de los guardias civiles.

Además, se comprobó la explotación de tres menores de edad de 12, 15 y 17 años, quienes trabajaban en las mismas condiciones que los adultos.

En el registro de una de las viviendas, los agentes localizaron en su interior a 15 personas y hallaron una estancia cerrada con candado desde el exterior, donde encontraron a un matrimonio con un colchón y una manta en el suelo, con un único punto de ventilación, una ventana de 30 a 40 centímetros.

Los agentes han registrado cinco inmuebles y cinco naves industriales, tras lo que han incautado 22.000 euros efectivo, 2.500 euros en joyas, abundante documentación para su estudio y dos vehículos.