Dignidad y Justicia acusa al Gobierno de utilizar a las víctimas como “moneda de cambio”

La nueva tanda de acercamientos de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco, entre ellos el de Igor Solana, ex integrante del “comando Andalucía” y asesino del fiscal jefe de Andalucía Luis Portero y del concejal del PP Martín Carpena, ha soliviantado a la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que preside Daniel Portero, hijo del fiscal asesinado en octubre de 2000.

En un duro comunicado, muestra su “enérgica repulsa” por la medida -de la que ya se han beneficiado más de un centenar de reclusos de la banda terrorista con Pedro Sánchez de presidente- y acusa al Gobierno de “arrodillarse” ante los herederos de ETA y de utilizar a las víctimas del terrorismo como “moneda de cambio”, tras anunciar la medida horas después de que se plasmara el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos.

Para la asociación que preside Portero se trata de unos beneficios penitenciarios más “con los que este Gobierno indigno ha premiado a la organización terrorista ETA para mantenerla contenta, mediante acercamientos y progresiones en grado a sus pistoleros que están cumpliendo condena por sus atroces crímenes”.

DyJ califica de “grave” la situación que están viviendo las víctimas por “la humillación y el vilipendio al que nos está sometiendo este Gobierno, y su ministro del Interior a la cabeza, con los tributos con los que está pagando el apoyo a unos presupuestos al partido político heredero de ETA”. “Una vez más las víctimas del terrorismo somos las maltratadas, pero ahora no nos golpea ETA, nos golpea el Gobierno”, se queja.

Dignidad y Justicia reprocha al Ejecutivo de Sánchez que no se haya reunido con las víctimas del terrorismo salvo “cuando las necesitó para hacerse la foto”, pues el Gobierno, señala, “prefiere reunirse con los herederos de ETA y lamentar la muerte de un etarra”.

Asimismo, en el comunicado se cuestiona el comportamiento del ministro Grande-Marlaska, quien “ha incumplido todos los compromisos adquiridos con esta asociación y resto de colectivo de víctimas del terrorismo en materia de política penitenciaria” y que, según denuncia DyJ, “ante reiteradas peticiones de reunión elude dar explicaciones de lo que está haciendo”. En definitiva, recalca, “un ministro del Interior y un Gobierno que se ha vendido por cinco votos para sacar rédito político”.

La asociación cree que estas medidas penitenciarias son únicamente “prebendas políticas” y recuerda que Igor Solana, ex integrante del “comando Andalucía” que ha sido condenado a penas que suman más de 200 años de prisión por asesinar, entre otros, a Luis Portero, no ha cumplido “ni las tres cuartas partes de condena” y le restan aún diez años de prisión para extinguir su condena.

Asimismo, Dignidad y Justicia hace hincapié en que Solana solicitó la progresión a segundo grado y le fue denegada por Instituciones Penitenciarias y por el juez central de Vigilancia Penitenciaria con un informe desfavorable del Ministerio Fiscal. Y ahora, se queja, “unos meses después le es concedido su acercamiento a una prisión de Zaragoza y su progresión a un segundo grado que le permite obtener permisos de salida”.

“¿Qué ha cambiado señor ministro de unos meses a hoy? ¿Qué ha ocurrido para considerar que un etarra que no ha pedido perdón a las víctimas ni ha colaborado con la Justicia ahora si reúna los requisitos para prepararse para una vida en libertad?”, se pregunta la asociación. “Ni más ni menos que cinco votos de los herederos de ETA”, asegura.

“Este Gobierno se ha arrodillado ante ellos y, una vez más, las víctimas del terrorismo somos la moneda de cambio, pero a la Asociación Dignidad y Justicia ya nos tiene enfrente y no claudicaremos y haremos todo lo necesario para proteger el honor y la dignidad de las víctimas del terrorismo”, advierte al tiempo que anuncia que “es el momento de salir a la calle”.