Una activista defiende a los agricultores frente a las ONGs ecologistas: "¡Basta ya de hacer daño a toda esta gente!"

La organización Aguaiuris denuncia el trato que están recibiendo los agricultores de Doñana por parte de ONGs como WWF, que según indican, deciden "qué tierra es legal y cuál no".

La presidenta de la organización, Pilar Esquinas, intervino en un acto que tuvo lugar ayer en la feria Fruit Attraction, celebrada en el recinto de IFEMA (Madrid). El evento reunió a todos los productores y comercializadores de frutas, así como a entidades comercializadoras procedentes de Alemania.

Pilar comenzó su discurso felicitando a la persona que había venido de Alemania para investigar la gestión del agua en España. Sin embargo, rápidamente se sumergió en una crítica feroz contra lo que considera una cancelación de los derechos históricos del agua en España.

"En España llevamos 2.000 años gestionando el agua, y de repente estamos viendo cómo se están cancelando los derechos históricos del agua mediante organizaciones no gubernamentales financiadas con dinero de todos", explicó

"Han modificado el reglamento de dominio público hidráulico y están formando parte de él para decir cuándo el agua es legal y cuándo no lo es. Somos legales, tenemos derecho a utilizar el agua en España y no pagar por ello", añadió.

La presidenta de Aguaiuris también destacó la situación en el acuífero de Doñana, donde argumenta que la delimitación de muchos de los pueblos no está clara y las concesiones no están reconocidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. "Lo que es doloroso es que miles de personas se están arruinando porque desde 2018 hay organizaciones coordinadas para destruir la vida de las familias", prosiguió.

"Estáis atacando a gente que está apostando por la vida rural. Nadie es ilegal por producir agua donde siempre la ha producido", aseguró la presidenta.

Las declaraciones de Esquinas han generado un intenso debate en España sobre la gestión del agua y el equilibrio entre la agricultura y la conservación del medio ambiente, especialmente en una región tan frágil como Doñana.

Mientras algunos argumentan que es necesario tomar medidas para proteger los recursos naturales, otros sostienen que las regulaciones actuales están perjudicando a los agricultores y a las comunidades rurales.