México desea limitar presencia y actividad de agentes de DEA

(AP). El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de entregar otra papa caliente al presidente electo estadounidense Joe Biden al plantear una propuesta que restringiría a los agentes de Estados Unidos en México y eliminaría su inmunidad diplomática.

La propuesta presentada calladamente por López Obrador esta semana requerirá que los operadores de la agencia antidrogas DEA entreguen al gobierno mexicano toda la información que recopilen, y exigirá que todo funcionario mexicano que sea contactado por los agentes presente un informe completo a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Se propone que las y los agentes extranjeros no tengan ninguna inmunidad”, destaca la propuesta del presidente al Senado mexicano, publicada el viernes. En la mayoría de las naciones, el agente principal de la DEA en el país a menudo tiene inmunidad diplomática total y otros elementos tienen alguna forma de inmunidad técnica o limitada.

“Establecer la obligación de agentes del extranjero de poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones”, según los cambios propuestos.

“Eso no va a suceder”, asegura Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, sobre la entrega de toda la información.

“Lamentablemente, existe una corrupción endémica dentro del gobierno (mexicano). Se va a filtrar, comprometerá a los agentes, comprometerá a los informantes”, dijo Vigil.

El historial de filtraciones está bien documentado. En 2017, el comandante de una unidad de inteligencia de la policía mexicana que recibió información de la DEA fue acusado de pasar datos de la agencia estadounidense al cártel de los hermanos Beltrán Leyva a cambio de millones de dólares.

Los cambios propuestos también especifican que cualquier servidor público mexicano — local, estatal o federal — que tenga tan sólo un mensaje de texto o una llamada telefónica de un agente estadounidense deberá “entregar un informe escrito a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días siguientes a la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con agentes del extranjero”.

“Simplemente va a crear un sistema muy engorroso”, dijo Vigil. “Va obstaculizar las operaciones bilaterales, va a obstaculizar el intercambio bilateral de información. Esto va a ser mucho más perjudicial para México que para Estados Unidos”.

“El 90% del intercambio de información va de la DEA a México, no de México a Estados Unidos. La gran mayoría de los éxitos antidrogas en México provienen de información de la DEA”, señaló.

La propuesta parece reflejar la ira del gobierno mexicano por el arresto del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en Los Ángeles en octubre.

Bajo la presión de las amenazas implícitas de México de restringir o expulsar a los agentes estadounidenses, fiscales en Estados Unidos retiraron su caso para que Cienfuegos pudiera ser devuelto a México e investigado bajo la ley mexicana, aunque hasta ahora no ha sido acusado.

El fiscal federal interino Seth DuCharme dijo a un juez en su momento: “Estados Unidos determinó que el interés general en sostener esa relación de manera cooperativa superaba los intereses del departamento y el interés público en procesar ese caso en particular”.

Pero a pesar de ese triunfo, los cambios propuestos esta semana indican que México no está dispuesto a ponerle fin al asunto.

Cienfuegos, un general que estuvo al frente de la Secretaría de la Defensa por seis años durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, es el funcionario mexicano de mayor rango en ser arrestado desde que fue detenido Genaro García Luna, extitular de Seguridad Pública, en Texas en 2019.

Cienfuegos fue imputado de manera secreta por un jurado investigador en Nueva York en 2019. Fue acusado de conspirar con el cártel H-2 en México para contrabandear miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana mientras se desempeñaba como titular de Defensa entre 2012 y 2018.

Fiscales señalaron que mensajes interceptados indicaban que Cienfuegos aceptó sobornos a cambio de garantizar que el Ejército no tomara medidas contra el cártel y que se llevaran a cabo operativos contra agrupaciones rivales. También fue acusado de presentar a líderes del cártel a otros funcionarios corruptos del gobierno mexicano.

La Fiscalía General de la República se ha comprometido a revisar la evidencia, pero Cienfuegos fue liberado inmediatamente después de llegar a territorio mexicano. Dada la enorme influencia política y social del Ejército en México, pocos anticipan que sea condenado en su país.

El gobierno mexicano estaba molesto de que no se le hubiera informado de las investigaciones contra Cienfuegos. Pero Vigil dijo que “de haberles notificado, Cienfuegos se habría enterado en cinco minutos de que había un proceso en su contra en Estados Unidos”.

El gobierno de López Obrador ha tenido relaciones sorprendentemente cordiales con el mandatario Donald Trump, pero aún no ha contactado a Biden para felicitarlo por su triunfo electoral.

López Obrador — quien pasó varios años disputando dos derrotas electorales previas — ha dicho que quiere esperar a que haya concluido el proceso electoral en Estados Unidos.

En noviembre, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard atrajo la atención en Estados Unidos cuando dijo que: “Quienes resulten responsables de acuerdo a nuestras leyes, serán procesados, juzgados y en su caso sentenciados en México y no en otros países”. Las autoridades mexicanas señalaron posteriormente que eso no afectaría las extradiciones.