Inmigrantes piden asistencia por coronavirus en Nuevo México

(AP). Las autoridades de Nuevo México han recibido decenas de miles de solicitudes de pagos de asistencia por coronavirus que se destinarán a residentes sin importar cuál sea su condición migratoria.

Los legisladores estatales aprobaron en fecha reciente una asistencia financiera de emergencia por 5 millones de dólares para residentes de bajos ingresos que no recibieron este año un pago federal de estímulo. La medida abarca a inmigrantes sin permiso para vivir en el país, al igual que sus cónyuges e hijos.

Grupos defensores de los inmigrantes están trabajando para informar a los residentes que el viernes es el último día para solicitar la ayuda, la cual podría alcanzar 750 dólares por persona.

“Todavía no se determina cuánto será”, afirmó Margarita Mendez, del Departamento de Servicios Humanos de Nuevo México durante una presentación organizada por el grupo CAFé, de Las Cruces. “Los recursos serán otorgados a los solicitantes con los ingresos más bajos”.

Ya se han presentado más de 30.000 solicitudes en los primeros cinco días del periodo para hacerlo, por lo que la demanda de asistencia está rebasando por mucho los recursos asignados por la legislatura.

El Departamento de Servicios Humanos está facultado para distribuir esas ayudas según su criterio. Podría enviar cantidades menores a más personas o examinar la información fiscal disponible para dar prioridad a los más necesitados.

La ayuda de emergencia forma parte de un plan de estímulo por 330 millones de dólares que los legisladores aprobaron el mes pasado. La iniciativa de ley de siete páginas incluyó un pago de 750 dólares a individuos que no tuvieron derecho a recibir los cheques federales de asistencia por 1.200 dólares entregados previamente este año.

La vasta mayoría de los inmigrantes en el país sin permiso legal trabajan y pagan impuestos, pero no tienen derecho a programas de asistencia federal ni al seguro de desempleo al cual contribuyen.

En Nuevo México, donde la mayoría de los inmigrantes provienen de México y países centroamericanos, grupos de apoyo a los hispanos aseguran que la asistencia financiera es un asunto de salud pública. Al igual que otros trabajadores esenciales, los inmigrantes sin estatus legal tuvieron que aceptar licencias sin remuneración mientras esperaban las pruebas o tuvieron que decidir si no iban a trabajar después de dar positivo al COVID-19.

“Cuando se tiene a personas en esa situación sin acceso a la asistencia a la que otras personas sí tienen, eso implica que esa gente tenga que sopesar en ese momento, cuando han estado sin trabajo durante tantos meses, si realmente se hacen una prueba, si realmente guardan cuarentena”, dijo Marcela Díaz, de Somos un Pueblo Unido, que ha sido fundamental para cabildear a en favor de la asistencia económica directa a niveles estatal y municipal.

Los gobiernos de las ciudades también están destinando parte de sus recursos de asistencia a pagos directos a inmigrantes. En Santa Fe, Albuquerque y Las Cruces, las ciudades están ofreciendo entre 750 y 2.000 dólares por familia.