La jueza del caso de la mina de Aznalcóllar no ve «ninguna situación objetiva de riesgo inminente»

La petición la planteó la Federación Provincial de Sevilla de Ecologistas en Acción. Y lo hizo en los márgenes de la causa judicial en la que se investiga la adjudicación por parte de la Junta de Andalucía de la mina de Aznalcóllar a través de un concurso público a Grupo México/Minorbis. Los conservacionistas pretendían que se suspendieran procedimientos ambientales administrativos ligados al yacimiento minero que en la actualidad se tramitan en la delegación sevillana de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible del Ejecutivo autonómico, en tanto se resuelve la causa y para evitar, en esencia, perjuicios al interés público. Pero la jueza que capitanea el proceso y titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha dicho no.

En un auto fechado el pasado 9 de noviembre y consultado por LA RAZÓN, la magistrada defiende que, tras examinar la solicitud de Ecologistas en Acción, entiende que ha de rechazarla «ante la falta de los presupuestos que deben presidir la adopción de toda medida cautelar, sin que se acredite, al menos en este estadio procesal y pendiente del resultado de las diligencias acordadas, ninguna situación objetiva de riesgo inminente» que la justifique. Fernández deniega la paralización de los expedientes administrativos, demanda a la que se había adherido para ampliarla la empresa denunciante Emerita Resources, que planteó incluso que se precintara la entrada al complejo minero, aunque deja la puerta abierta en su resolución a que los conservacionistas puedan mover ficha «ante la jurisdicción contencioso-administrativa».

Y hay otro asterisco en la frondosa resolución judicial. La instructora acuerda oficiar a la Consejería de Agricultura, a la que atribuye la Dirección General de Minas, aunque esta materia depende en realidad de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía; para que «expida a la mayor brevedad» un «informe actualizado sobre el estado y circunstancias concretas» en las que se encuentran en estos momentos «las labores de exploración y/o explotación ejecutadas por Minera Los Frailes S L, sobre los derechos mineros registrados como zona de Aznalcóllar», y en concreto, «confirmando si se hubiera cumplido la obligación mensual de presentación del informe elaborado por el Organismo de Control Autorizado». ¿El fin? «A efectos de prevenir cualquier daño o impacto ambiental».

Fuentes de Ecologistas en Acción trasladaron ayer a este diario, tras conocer el auto, que tendrán que analizar «con detenimiento» el sembrado de argumentos de la jueza, pero que «lo que resulta innegable», a juicio de los integrantes de esta organización, es que «continuar con la tramitación de los expedientes ambientales iniciados por Minera Los Frailes –la empresa que al final está llevando a cabo los trabajos para reactivar el yacimiento– resulta una tremenda irresponsabilidad por parte de las autoridades de la Junta de Andalucía». Insistieron en que «lo que está en tela de juicio» es «la propia legitimidad de esa empresa para iniciar esos expedientes, que sigue arrogándose una concesión minera que todavía ni siquiera existe».

«Podemos encontrarnos dentro de varios años –avisaron las mismas fuentes– con sentencias firmes que anulen las autorizaciones ambientales que ahora mismo todavía ni siquiera están otorgadas, por lo que, por simple seguridad jurídica sería imprescindible que el Gobierno autonómico paralizara temporalmente esos expedientes, para evitar futuras responsabilidades patrimoniales de la propia Junta».

En la causa se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales supuestamente cometidos por los miembros de la Mesa de Contratación y la Comisión Técnica del concurso de adjudicación, representantes de Minorbis y ex cargos del Ejecutivo regional.