Guerrero afronta como jubilado su futuro en el «caso ERE»

«Quise ser nada y todo / en algo me he quedado». Son unos versos del poemario «Cuando una noche llueva» que firma Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía y condenado, como más de una veintena de otros ex altos cargos del Gobierno autonómico, en la sentencia de la pieza política del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos. Alguien que ha querido ser y ya es jubilado, a sus 63 años. En España, la ley obliga a cotizar a la Seguridad Social por el desempeño de una actividad laboral por cuenta ajena o propia, lo que computa a efectos de generar el derecho a una pensión pública de jubilación. La edad ordinaria para hacerlo son los 65 años, aunque cabe la posibilidad de jubilarse de forma anticipada, siempre que se cumplan ciertos requisitos. LA RAZÓN ha podido saber que Guerrero lo solicitó y lo ha logrado.

El pasado diciembre ya lo atravesó como jubilado, condición desde la que afrontará también su futuro como investigado en una riada de piezas de la «macrocausa» de los ERE y lo que suceda con los recursos derivados del fallo de la rama política que elevarán el proceso al Tribunal Supremo (TS). Fue otro tribunal, el Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el que obligó a la Administración regional a reconocer su derecho a reingresar como funcionario adscrito al servicio autonómico de empleo (SAE) y a abonarle en concepto de retribuciones básicas 778,25 euros mensuales íntegros, además de los atrasos devengados desde la fecha en que fue declarado en suspensión provisional de funciones que, a 31 de julio de 2014, ascendían a «26.565,10 euros». Unas cantidades de las que tendrían que deducirse tanto las cotizaciones a la Seguridad Social como las retenciones del IRPF y que, en el caso de la última, el juzgado instructor de la «macrocausa» ordenó trabar embargo en su totalidad, cuando lo comandaba aún la jueza Mercedes Alaya.

Ahora, el ex director general de Trabajo ha pasado de cobrar poco más de 700 euros mensuales a que le correspondan en torno a 1.660. Es consciente de que parte de esos fondos serán retenidos por el órgano judicial de nuevo, porque la pensión también es un bien, como el salario. Pero, en cualquier caso, se deberá respetar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) inembargable, que el Gobierno central acaba de subir a los 950 euros, más alguna cuantía adicional. Fuentes del entorno de Guerrero apuntaron que «seguirá sin un euro en el bolsillo» de sobra, porque «tiene muchas cosas que pagar», pero al menos su familia «podrá contar con algunos ingresos más, que necesita».

Y no ha acabado ahí la pelea judicial que el ex alto cargo andaluz tiene con la Administración regional en torno a su trayectoria laboral, ya que las mismas fuentes confirman a este diario que interpuso un recurso «por desacuerdos sobre su cotización» que todavía está vivo y se tiene que resolver. Guerrero está en el epicentro de un prolongado compás de espera judicial.

Sin fincas ni moto

El «caso ERE» le ha costado a Guerrero el embargo de bienes como una motocicleta marca Suzuki, una finca en El Pedroso y un tercio que posee de otra, o todos sus saldos bancarios.