El nuevo decreto de hoteles por puntos lanzará una inversión de 2.300 millones

Dinero en la casilla de salida listo para gastar cuando baje la bandera que supondrá el decreto de nuevas categorías de hoteles. Los empresarios se mantienen expectantes a los avances de la nueva normativa, que sustituirá a la aprobada en 2004 –modificada parcialmente en cuatro ocasiones–. Las estimaciones realizadas por el Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) apuntan a 4.600 millones de inversión prevista, un gasto que tendría dos ramas diferenciadas. Por un lado, el nuevo decreto de clasificación por puntos permitiría desbloquear 74 proyectos para implantar establecimientos hoteleros en la comunidad, 25 de ellos en Sevilla y otros veinte en Málaga. El presidente del Consejo Empresarial de Turismo, Miguel Sánchez, apunta que «supondrán una inversión de 1.600 millones de euros, pero la cifra de proyectos en Andalucía podría alcanzar fácilmente más de 125 proyectos, con hoteles de 3, 4 y 5 estrellas fundamentalmente y hoteles-apartamentos». El representante de la CEA aclara que son «cálculos que hemos hecho sobre la inversión que se podría generar en cuanto se apruebe el nuevo decreto de clasificación hotelera por puntos» partiendo de la base «de lo que ha ocurrido en Baleares, en Canarias o en Cataluña, que son comunidades que ya tienen este nuevo modelo de clasificación».

Este impulso permitirá acogerse a la categoría de cinco estrellas «gran lujo», que demandan desde hace años los empresarios y con la que cuentan Baleares (desde 2012) o la Comunidad Valenciana (desde 2015). La otra pata de las inversiones partiría de la remodelación de la planta actual, alcanzándose una inversión global de unos 2.300 millones –entre proyectos inéditos y actualizaciones–. La principal queja del sector es el encorsetamiento de la clasificación actual, en la que priman las dimensiones de espacios como las habitaciones y los pasillos para alcanzar una determinada categoría. En un informe sobre este tema realizado en 2017 por la CEA, se advertía de la necesidad de repensar los requisitos establecidos y priorizar otros relacionados con la atención directa al cliente o los empleos que genere, además de que las opiniones de usuarios adquieran relevancia.

La novedad más destacada es que los propios establecimientos quienes se autoevaluarán, en función de los baremos y puntuaciones fijados en el futuro decreto. «La inversión hotelera en Andalucía es creciente tanto en el capítulo de nuevas aperturas hoteleras como en el ámbito de las reformas y modernización», asegura. En su opinión, a raíz del nuevo decreto «también habrá muchos hoteles que cambiarán de categoría y modificarán sus servicios. Se crearán más puestos de trabajo porque los puntos los consigues por servicio, por ampliar los puntos de venta para los clientes, etc».

La planta de hoteles y restaurantes demanda renovaciones periódicas. Sánchez explica que en Andalucía hay 1.650 hoteles y 45.000 establecimientos de hostelería y «la edad media es alta, casi nueve años en el caso de los hoteles y más de diez en el sector de bares y restaurantes. Estar al día requiere inversiones constantes e importantes al menos cada cinco años e incluso menos». La nueva normativa impulsará el gasto para adaptarse a los cambios.

Después del verano

El borrador del decreto de clasificación hotelera ya ha iniciado su andadura. Llegada la hora de las alegaciones, los empresarios hoteleros son los principales interesados en una normativa que acabará con la aprobada en 2004. La Consejería de Turismo, que dirige el vicepresidente Juan Marín, había anunciado con cuentagotas en estos meses novedades sobre los criterios que regirán, como la valoración de factores laborales y los servicios prestados. La fecha estimada para su aprobación por el Consejo de Gobierno es en el último cuatrimestre del año, por lo que no podrá ajustarse a las intenciones de los empresarios, que quieren que se haga antes del verano. El Consejo de Turismo de la CEA ha solicitado la primera reunión a la Consejería, según avanzó a LA RAZÓN su portavoz, Miguel Sánchez. «No habrá muchos problemas para alcanzar un consenso», augura. «Queremos que sea operativo y que se adapte a las exigencias del turismo, que ha dado un cambio espectacular en muchísimas cosas. Los servicios o las instalaciones no son las mismas que las que se necesitaban hace quince años».