El alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) promovida por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que preside Pedro Sánchez tiene múltiples aristas. El líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, puso ayer el foco en algunas de ellas. En su perfil de la red social Facebook aseveró que la «famosa subida» es «un engaño manifiesto desde antes de nacer». Reina contrapuso el que el SMI se vaya a elevar hasta los 950 euros al mes, mientras el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) permanece igual que en 2018 –537,84 euros mensuales, según apuntaron otras fuentes del SAT– y defendió que resulta «contradictorio» y perjudica a «quienes reciben subsidios y prestaciones sociales como por ejemplo los jornaleros del campo y las personas más desfavorecidas de la sociedad». Y se explicó a continuación.

«La cuantía a percibir en un subsidio por desempleo» como en el ligado a la insuficiencia de cotización, la ayuda familiar, la renta activa de inserción (RAI) o el de mayores de 45 años, se corresponde «con el 80% del IPREM, es decir, 430 euros mensuales».

Para Reina, «una vez más, nadie mira para los más pobres», en un contexto en el que crece «la luz, el agua, el precio de los alimentos más básicos, las hipotecas...». Desde la mencionada organización sindical anotaron que el IPREM, que «se confeccionó en los primeros de la década de los 2000», se constituye «básicamente en el índice de referencia por excelencia en España para la dotación de la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos», por lo que «es un parámetro social y económico al que hay que acudir si vas a demandar» algunos de esos ingresos, hasta el punto de que «indicará cual es la cantidad que vas a percibir por medio de estas ayudas sociales». Y no parece que el Ejecutivo estatal lo vaya a mover. A ello Reina suma que, «por si fuera poco», se va a elevar «el sello –de cotización a la Seguridad Social que pagan los eventuales agrarios– porque está regulado por el Salario Mínimo Interprofesional» y pese a que «se cobrará lo mismo, 430 euros». En ese escenario, el portavoz del SAT avisa a los suyos de que «no se puede confiar sólo en los despachos». «O estamos en las calles –hilvanó– o nadie se acordará de nuestros problemas. Gobiernen quien gobierne, los derechos se defienden», concluyó. Los jornaleros lo tienen claro: los 950 euros «suponen un incumplimiento de las promesas electorales y del programa de gobierno suscrito por el PSOE y Unidas Podemos, ya que se había previsto llegar a 1.200 en el cuarto año de legislatura». Un compromiso que, entienden, se ha diluido.