Las denuncias de pozos ilegales se multiplican por cuatro frente al leve repunte de las multas

Las denuncias de pozos ilegales se multiplicaron por más de cuatro el año pasado en Andalucía, al pasar de 125 en 2018 a 575, de las que Granada acaparó 145 (frente a las 25 del año anterior). Ello revela una mayor conciencia por el daño medioambiental que, en pleno calentamiento global, supone la extracción ilegal de agua. También la mayor concienciación hizo aumentar el número de solicitudes para realizar estas prospecciones legalmente, que pasaron de 4.058 a 4.871, la mayoría –como es habitual por su gran superficie agrícola– en Jaén (1.073). No obstante, los expedientes sancionadores abiertos por la Junta por esta práctica crecieron pero mucho menos que las denuncias, en concreto en 71 expedientes, al pasar de 107 a 178 en un año. Así, mientras llegaron un 360% más denuncias en un año, se pusieron un 66,4% más de sanciones.

Según los datos facilitados por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía –que al tener las competencias de Minas le corresponde vigilar el cumplimiento de la normativa a aplicar en estas prospecciones– el número de denuncias ha aumentado en todas las provincias pero llama la atención que en Granada, donde más quejas se presentaron (145), ninguna terminó en expediente sancionador. Desde la Consejería admiten que hay un «retraso importante en la tramitación» de las denuncias en esta provincia. Por contra, en Jaén el 100% de las 93 denuncias recibidas acabaron con la apertura de un expediente lo que, al conllevar ya una investigación previa, la «gran mayoría» terminan en multa.

Tras Granada, la provincia con más denuncias fue Málaga con 109 de las que la Junta abrió expediente sancionador en 25 casos, seguida de Sevilla, con 106 acusaciones y solo 4 sanciones. Al igual que en Granada, en Almería –una tierra con un importante déficit hídrico– tampoco hubo ninguna sanción pese a las 40 denuncias recibidas (en 2018 se recibieron 15 y sin embargo se abrieron el doble de expedientes, 33).

En Córdoba, el indice de perforaciones multadas fue muy alto ya que de 38 denuncias, 36 acabaron en sanción (cifras similares a las de 2018 cuando de 22 denuncias, se abrió expediente en 21 casos) mientras que en Cádiz de 21 denuncias sólo terminaron en expediente siete, cuando el año anterior de las cinco presentadas cuatro acabaron en sanción. La provincia de Huelva está bajo el punto de mira ya que acoge la mayor parte de la superficie de Doñana, donde la Unesco está muy vigilante por la sobreexploración de sus acuíferos, que está poniendo en riesgo su conservación como Reserva de la Biosfera y cuyos humedales constituyen un hábitat fundamental para las aves migratorias y especies protegidas. Organizaciones ecologistas como Equo cifran en 562 los pozos ilegales y 146 balsas y WWF eleva el número de extracciones ilegales al millar por las más de 3.000 hectáreas de cultivos de fresa y frutos rojos. Solo en el término municipal de Lucena del Puerto, recientemente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir clausuró 77 pozos ilegales.

En una operación el pasado enero, el Seprona detectó 28 excavaciones y 37 pozos ilegales en Doñana. La UE llevará al Gobierno de España ante la Justicia por incumplir su deber de protección tras varios toques de atención. Pese a todo, el año pasado la Junta sólo recibió 23 denuncias de esta provincia, por las que abrió 13 expedientes sancionadores (aunque en comparación con 2018 el aumento es considerable ya que entonces apenas fueron seis las quejas, si bien todas acabaron en multa). Respecto a las solicitudes presentadas para realizar extracciones de agua legalmente, casi se duplicaron al pasar de 120 a 238. En total, de las 4.871 solicitudes presentadas, la mayoría corresponden a Jaén (1.073), seguida de Córdoba (968) -en ambas provincias se está extendiendo el olivar intensivo-, Sevilla (775), Granada (741), Málaga (653), Almería (239), Huelva (238) y Cádiz (184). Curiosamente, en todas las provincias crecieron las peticiones menos en Jaén.

Los trabajos para la ejecución de sondeos y pozos requieren de una serie de requisitos tales como la presentación de un proyecto, la autorización previa del mismo por parte de la autoridad minera y la realización de los trabajos bajo la supervisión de un director facultativo nombrado por el promotor y comunicado a la Junta, conforme a la normativa básica de seguridad minera. Por ello, aunque la autorización compete a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, así como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir –cuya gestión depende del Gobierno central– cuando afecte a esta cuenca o a espacios con la protección de Doñana, el proyecto debe ser visado por la autoridad minera provincial, adscrita a las Delegaciones de la Junta en cada provincia, si bien la coordinación regional de las políticas mineras corresponde a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.