Caso ERE
“Caso ERE”: los condenados tendrán once días para recurrir cuando finalice el estado alarma
Los diecinueve ex altos cargos condenados podían presentar sus escritos hasta este martes, pero los plazos judiciales permanecen suspendidos
Los diecinueve ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por la pieza política de los ERE, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dispondrán de once días hábiles tras el final del estado de alarma para presentar sus recursos de casación ante el Tribunal Supremo. Los encausados tenían hasta las 15.00 horas de este 31 de marzo para recurrir la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, pero la situación cambió con el decreto que instauró el estado de alarma, aprobado por el Gobierno el 14 de marzo, según han informado a Efe fuentes judiciales. Ese mismo día, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenó la suspensión de todas las actuaciones judiciales y los plazos procesales, mientras que el 18 de marzo prohibió la presentación de cualquier escrito de manera presencial, incluidos los recursos de casación.
Entre las excepciones a ambas medidas figuran las actuaciones relativas a causas con preso o detenido, pero en el caso de los ERE de la Junta no hay ningún condenado en prisión preventiva. En este sentido, el tribunal que juzgó la causa desestimó el pasado 29 de noviembre la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de encarcelar a cuatro de ellos, los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera y los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez. El plazo para interponer los recursos de casación quedó interrumpido el 14 de marzo, cuando quedaban once días hábiles para el cierre del periodo habilitado por el Supremo, y se reanudará en cuanto se apruebe el final del estado de alarma.
El ex presidente Manuel Chaves anunció el 20 de enero su recurso contra la sentencia, que le impuso nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación al considerar la Sección Primera que era “plenamente consciente de la patente ilegalidad” de las ayudas concedidas por su Gobierno a empresas en crisis .José Antonio Griñán, condenado a seis años y dos días de cárcel por malversación y prevaricación, lo anunció el 8 de enero y anticipó que recurriría por infracción de ley, error en los hechos probados o falta de claridad. El exconsejero Antonio Fernández, uno de los exdirigentes peor parados al ser castigado con siete años, once meses y un día de prisión, es quien más motivos formuló, en concreto veintidós.
La Fiscalía Anticorrupción decidió no recurrir la sentencia, que recogió la mayor parte de sus tesis. La Sala Segunda del Supremo, en una diligencia del 17 de febrero, también estimó las solicitudes realizadas por los encausados de ampliar el plazo inicial, que expiraba el 25 de ese mes, y les dio hasta este martes.
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