El PSOE pregunta a la Junta con qué criterios se ha elegido al Comisionado para la Concordia “en plena" pandemia

Mientras se hacía un escudo social hecho de jabón y alcohol contra el coronavirus, la actividad de la Administración autonómica en otros ámbitos no cesaba. De hecho, LA RAZÓN adelantó hace unos días que se había nombrado a Francisco Javier Arroyo Navarro, Comisionado para la Concordia, cumpliendo uno de los compromisos que el PP había rubricado con Vox para permitir la investidura del actual presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno.

Ahora el diputado del Grupo Parlamentario Socialista y ex consejero, Francisco Javier Fernández, ha preguntado a la titular andaluza de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, departamento al que se encuentra adscrito el mencionado Comisionado, “qué criterios de selección se han seguido para cubrir la plaza" y hacerlo “en plena crisis sanitaria del Covid-19?”. El parlamentario socialista ha formulado el interrogante “con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara” regional y con el propósito de que Del Pozo lo conteste de forma oral en Pleno. Todo eso se puede comprobar en el número 318 del Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) publicado en la mañana de hoy.

A Arroyo Navarro le han asignado la labor de tejer puntos de entendimiento entre todos los grupos del arco parlamentario autonómico, desde Vox a Adelante Andalucía, para “ampliar y mejorar” la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la comunidad a la que se dio luz verde en 2017 sin votos en contra y que será sustituida por una de Concordia. El elegido para el puesto es licenciado en Derecho y miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1998, como ya informó este periódico. Antes de recalar en el Comisionado autonómico fue consejero de Turismo de las Embajadas de España en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador con el Gobierno central de Mariano Rajoy; y jefe del Servicio Jurídico y secretario general de la Delegación del Gobierno en la comunidad.