Andalucía cercará a la Covid-19 con una red de 8.848 “vigilantes”

Llegó y desplegó de partida su habitual arsenal de datos. El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, compareció ayer en el Parlamento autonómico para dar cuenta de las medidas adoptadas después de que la Covid-19 rompiera la linealidad de la vida. De su exposición se pudo extraer que Andalucía va a contar con una red de vigilancia epidemiológica que intentará frenar los nuevos brotes de la enfermedad. Para hacerlo se hará un seguimiento de todos los pacientes que den positivo tras realizarle una prueba PCR, la más fiable que existe por el momento, así como a su círculo de contactos. El consejero detalló que ese rastreo será llevado a cabo por un batallón integrado por «8.104 enfermeras de Atención Primaria», que «trabajarán de forma conjunta con más de 450 profesionales del servicio de vigilancia epidemiológica». A ellos habrá que sumar, «la contratación de 294 enfermeras» más, con lo que la comunidad contará con un equipo de ‘detectives del coronavirus’ integrado por 8.848 personas. Serán los encargados de controlar a los diagnosticados y de facilitar el aislamiento tanto de ellos como de sus familiares y contactos con el fin de evitar que la infección se extienda. «Es un trabajo ingente», admitió Aguirre, quien tiró de retrovisor para recordar que «el primer caso de un paciente» conocido en el lado español de la Península se registró en un hospital de Sevilla, el Virgen del Rocío, y ya a aquél «se le hizo un seguimiento». Es más, a su juicio, la cuarentena que guardó, «y la de todos los que vinieron detrás», son una muestra de que el Ejecutivo regional «ha actuado de una forma proactiva en el abordaje del coronavirus».

Aguirre hizo aflorar en la Cámara más cifras como que hasta el 1 de junio se habían realizado 649.926 PCR y test rápidos de detección de la enfermedad, de ellos englobó en la primera categoría a «un cuarto de millón», en concreto 249.832; y el resto en la segunda. Garantizó que la Junta cuenta ahora con «un buen estocaje» destinado, en esencia, a los profesionales sanitarios, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al colectivo de Farmacia, de Protección Civil, al Infoca –agentes que luchan contra los incendios forestales–, a los centros de mayores, de dependencia o al apartado de la atención temprana a los menores. El consejero destacó la «importancia de los PCR», que «tienen un volumen de falsos negativos» situado «entre el 15 y el 20%», en la labor ligada a las cadenas epidemiológicas mencionadas antes, a armar cuando salten las alarmas de un caso sospechoso. «Ahí es donde estamos volcando toda nuestra energía», recalcó, para anotar que en la actualidad, «al 78% de todos los que entran en los centros de salud u hospitales por circuitos Covid» se les está haciendo la prueba. Explicó a sus señorías además que se están empleando «robots tanto en Málaga como en Sevilla» para agilizar el proceso y la Junta «intenta» adquirir el nuevo modelo de PCR que permite «un diagnóstico en unos 15 o 20 minutos».

Desde las bancadas de la oposición pusieron el foco en los múltiples casos que se han producido entre el personal sanitario de la región, y el consejero reconoció que ya son «5.256 los profesionales contagiados» –los sindicatos elevan el número de afectados a más de 9.000–. Donde no quiso «entrar» es en el asunto de las mascarillas defectuosas por el que le preguntó en concreto el diputado socialista Carmelo Gómez. Aunque sí lo hizo, al disparar que cuando se las pidieran, les proporcionaría «las actas de la Inspección»hilvanadas a la «confiscación» por parte del Gobierno central del «principal proveedor» de la Junta de esos elementos faciales protectores el pasado 14 de marzo. Aludía a un episodio, negado primero por el Ejecutivo estatal y asumido luego en una respuesta parlamentaria, en el que «directamente se metió a la Guardia Civil en la empresa de Alcalá la Real (Jaén) que nos suministraba mascarillas», lanzó Aguirre. Tampoco desaprovechó la oportunidad para reiterar que le parece «indignante» el «baile de cifras» del Ministerio de Sanidad, en especial en lo relativo a los decesos por la Covid-19.

«Que yo mande las cifras y el Gobierno ponga unas menores en Andalucía es una falta de respeto total hacia los fallecidos andaluces», proclamó, para coser rápido un «no lo toleraremos». Para el consejero andaluz «es algo totalmente incompresible» que urgió a «corregir. Es más, anotó que «una de las peculiaridades del mando único» que ostenta el ministerio es que siempre acierta cuando rectifica. «Andalucía se ha comportado», defendió, para pedir a los ciudadanos que lo sigan haciendo.