Torrijos no descarta intentar que sea la jueza Alaya la que pague su indemnización por el “caso Mercasevilla”

Ha recurrido a menudo al cofre de la templanza y ha tenido recompensa. El ex portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos ha mostrado hoy a LA RAZÓN su “satisfacción” por un motivo: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha alineado con sus tesis y ha dictaminado que en el denominado “caso Mercasevilla” se produjo “un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”, como ya adelantó este periódico. O dicho de otra forma, el órgano que “es el gobierno de los jueces y magistrados de este país” ha “confirmado los aspectos que sustanciaban la reclamación patrimonial que hice al Estado respecto a que el procedimiento del llamado ‘caso Mercasevilla’ tenía irregularidades múltiples, dilaciones injustificadas e indebidas y era un ejemplo negativo de un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”.

Fue el Ministerio del ramo el que solicitó al CGPJ el informe preceptivo sobre este asunto y lo sucedido luego, demuestra para Torrijos que, “a pesar de las dificultades” con las que se ha tenido que enfrentar durante años, “el que lucha, defiende la justicia, la equidad, la reclamación y el derecho, acaba ganando”.

El CGPJ no se ha pronunciado sobre si la indemnización por daños y perjuicios de 73.500 euros que ha pedido es la idónea o no, dado que ello escapa a su competencia, pero el ex portavoz de IU cree que “el Ministerio de Justicia debe hacerse eco” de su “riguroso y sólido informe” y “acceder” a la “solicitud indemnizatoria”. Y en relación a ese punto, tiene una intención. “Si llegamos a ese extremo y sale todo bien”, adelanta, “estudiaré y llevaré a efecto lo que se llama un procedimiento de repetición que consiste básicamente en hacer que Justicia determine la responsabilidad del funcionario en cuestión”. ¿Con qué fin? Demandar el dinero “a la persona que ha provocado el daño, en este caso, la jueza Mercedes Alaya -la instructora de la causa cuando era la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla-, de tal manera que no paguemos los españoles lo que es responsabilidad suya”, lanza. Y cose: “Hay que tener en cuenta que, como recoge el propio informe del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal ya avisó en el procedimiento de las dilaciones indebidas e hizo oídos sordos a aquéllo, como a que se le comunicara alguno de los plazos irregulares que había ido estableciendo y, sobre todo, el error sustantivo de haber convertido lo que era un procedimiento ordinario en un sumario, lo que contribuyó a alargar mucho el asunto”, condensa.

En definitiva, Torrijos se reserva el derecho a “establecer un procedimiento de repetición para que sea la jueza la que tenga que responder con su patrimonio y sus recursos" y no repercuta en “los españoles”, lo que "ha sido simplemente responsabilidad de la misma”.

Al echar la vista atrás, reconoce que cuando estalló la tormenta del “caso Mercasevilla" hubo miembros de su organización, de IU, “intelectual y políticamente más débil” que otros, que “ante el ruido y la campaña mediática, la reiteración, las portadas dando la imagen de un personaje oscuro y corrupto”, mantuvieron con él “una cierta distancia”, tal vez al sentirse “afectadas en su credibilidad”. Pero también contó con “otros muchos compañeros que nunca creyeron el desatino de este procedimiento tan pernicioso que perseguía que cambiase el Gobierno de la ciudad”. En su opinión, lo que ahora “aparece con nitidez” en el panorama político estatal, que “poderes mediáticos y económicos” se mueven contra el Gobierno central, ya se ensayó en Sevilla. Apunta que hubo “una agresión organizada” de lo que él llamó “el ‘tea party’ local” contra el Ejecutivo municipal de coalición integrado por PSOE e IU, “especialmente contra la última”, con el objetivo de “romperlo y derrotarlo y no en las urnas”. “Les dio resultado”, casi suspira y remata: “Utilizaron procedimientos como el de Mercasevilla cuando las políticas que se hacían iban por primera vez en interés de la mayoría social y no de particulares”.