Ontiveros: “La de la Asistencia Jurídica Gratuita era una norma diseñada para dificultar el pago”

Hay normas como puñaladas. Al Consejo de Gobierno de la Junta de esta próxima semana llegará el Decreto con el que se reformará el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, lo que permitirá agilizar los pagos a los abogados y procuradores que prestan ese servicio. Francisco Ontiveros, el director general de Justicia Juvenil y Cooperación del Gobierno andaluz, explica a LA RAZÓN que cuando éste comenzó su andadura en 2019, tras décadas de poder socialista,se encontraron con “un problema”. “Se les paga a trimestre vencido, los colegios profesionales tienen luego un mes para presentar las certificaciones y lo habitual es que se agote el plazo. Después hay que comprobar si están bien y, si no, existe un nuevo periodo de 15 días para aclaraciones. Hasta que no se revisan las certificaciones, no se puede iniciar el procedimiento” para ejecutar el desembolso, resume. Intentaron abonar con lo que estaban conforme, pero “el tenor literal de la norma lo impedía”, pese a “no tener ningún sentido”, sobre todo, porque “alrededor del 90% o más de las certificaciones que se presentan son correctas y es el resto lo que ralentiza el procesoen torno a 15 o 20 días”, condensa. Y añade: “La de la Asistencia Jurídica Gratuita era una norma creo que diseñada para dificultar el pago”, tal vez “porque no habría en otras etapas disponibilidad”, desliza.

La nueva redacción normativa permitirá que ese grueso correcto “se pueda abonar sobre la marcha”, atendiendo “una reivindicación histórica” de esos profesionales. Ontiveros, juez en excedencia -es titular del juzgado de lo Penal número 8 de Málaga-, apunta que este año y “sin tener la reforma todavía”, la Junta ha liquidado “el segundo trimestre de 2020” 15 días antes que en 2019, pese a la sacudida de la Covid-19. De hecho, añade que gracias a que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local comandada por Juan Marín “incluyó el pago de las compensaciones de la Justicia gratuita como servicio esencial cuando se declaró el Estado de alarma”, se pudo continuar con el procedimiento y aportar las cantidades “en pleno confinamiento”. En ese punto, agradece el esfuerzo que han hecho los funcionarios que han teletrabajado para lograrlo.

“Llegaron a pagarse trimestres al año siguiente”, lamenta, para coser: “Ahora, desde que se presentan las certificaciones, nos movemos en un rango de entre 60 y 70 días y cuando culmine la reforma”, a la que darán luz verde en horas, “será entre los 45 y los 55 días”.

Novedades en otros bloques

Pero no será esa demandada celeridad lo único que aporte la reforma. El director general señala a este diario que “hay tres bloques” a sufragar por parte de la Administración autonómica ligados a la Justicia Gratuita: “Uno es el de los gastos de funcionamiento de los colegios que tienen servicios de orientación jurídica, otro el turno de oficio para abogados y procuradores y finalmente el turno de guardias”.

Gracias al nuevo reglamento “se consolidará” el 8% anual en lo relativo a los costes de funcionamiento de los colegios, que antes era del 5%. “Desde 2017 ya se incluía en la Ley de Presupuestos, a raíz de una enmienda que presentó el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, pero no estaba actualizado”, afirma. Y hay más. Recuerda que Marín se ha comprometido con el sector a que en las cuentas de 2021 “se refleje el 10%, que es lo que los colegios vienen reclamando desde hace tiempo”.

Y en lo que se refiere a las guardias, éstas “precisaban que todos los años se dictara una Orden de la consejería para establecer el número que se asigna a cada colegio al año y la cantidad a pagar por cada una”, indica. En 2020 “se ha pasado de 140 a 150 euros en la guardia normal y de 100 a 140 en la de disponibilidad” y la modificación normativa en ciernes,posibilitará que, en el futuro, esos parámetros se fijen “con una resolución del director general, en vez de con una Orden del consejero, lo que permitirá ahorrar meses de tramitación administrativa”.