Corrupción en Andalucía

El caso Marismas vuelve a pesar sobre el líder del PSOE de Almería

El PP-A insiste en pedir que se cite a Sánchez Teruel en calidad de investigado

El secretario provincial del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, en una imagen de archivo
El secretario provincial del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, en una imagen de archivolarazonPSOE

Cuando todo comenzó parecía un caso de bajo voltaje. Pero el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla retomó en 2019 el denominado caso Marismas en el que se investiga un presunto fraude encadenado a una subvención de más de 40 millones para modernizar los regadíos del Guadalquivir y llamó a declarar a varios implicados, entre ellos a José Luis Sánchez Teruel, parlamentario andaluz y secretario general del PSOE de Almería, además de ex jefe de gabinete de la Consejería de Medio Ambiente y ex director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del departamento de Agricultura.

Luego, en un auto delpasado enero, el órgano judicial dispuso dejar sin efecto su citación, dada la condición de aforado pegada a su escaño en el Parlamento regional. Si bien ahora, la representación procesal del PP-A, ha planteado al juzgado en un escrito, al que tuvo acceso LA RAZÓN, que, «a fin de no vulnerar sus derechos como sospechoso recogidos en la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012 relativa al derecho a la información en los procesos penales» y de «garantizar» el que tiene a «la tutela judicial efectiva», se proceda a convocar a Sánchez Teruel para que «sea instruido de los derechos que le asisten» en su condición de investigado.

Para la Guardia Civil «no hay la menor duda» de que el socialista presionó a la Junta de Gobierno de una comunidad de regantes y a funcionarios con el «único objetivo» de «conseguir una resolución» del concurso que favoreciese a la unión temporal de empresas (UTE) Befesa-Alpi, adjudicataria final del proyecto ahora ensombrecido, pese a ocupar la décima plaza en una primera criba. Así lo han reflejado los investigadores en sus atestados. Junto al supuesto fraude, se analiza un posible amaño de esa convocatoria administrativa y si se cometieron los delitos de falsedad en documento oficial por funcionario público, prevaricación y malversación.