«Estamos expuestas y atendemos a personas a veces muy vulnerables», asevera María Rosa P. a LA RAZÓN. Y no lo hace en un arrebato ciego, lleva repitiéndolo meses por su experiencia y la de «sus compañeras». Es auxiliar de dependencia a domicilio y la Covid-19 ha complicado su labor. Denuncia que les piden que tomen «todas las precauciones», pero ni «siempre es posible» ni «siempre depende de ellas». Si se contagian, no se les reconocerá como enfermedad profesional. A partir de realidades como la de María Rosa, la Confederación General del Trabajo (CGT) envió un escrito al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para trasladarle la «situación de desamparo» y la «injusticia» que supone para quienes operan en esos servicios ligados a las personas dependientes el «no considerar como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo el contagio» de coronavirus, cuando sí se hace con el personal de los centros sanitarios o sociosanitarios. «Dándose la paradoja», cosieron en su carta, de que esas plantillas en instalaciones privadas ven «reguladas sus condiciones laborales incluso por el mismo convenio colectivo que quienes lo hacen mediante la ayuda en el domicilio». Por ello el sindicato pidió al ministro la modificación de la normativa que impide lo demandado por las empleadas como María Rosa.

La organización sindical ya tiene respuesta y es no. Le han contestado desde la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que considera que «no procede en modo alguno» estimar la reclamación de CGT «puesto que las condiciones de trabajo» de las empleadas que se desplazan a las viviendas y las «del personal que presta servicios en centros sanitarios y sociosanitarios no son equiparables», aunque «puedan regirse por el mismo convenio colectivo». «No tendría justificación alguna –se asevera en el escrito del ministerio consultado por este diario– calificar como derivado de accidente de trabajo el contagio por este coronavirus de un cuidador cuando la persona a la que atiende no ha resultado a su vez contagiada, que sería lo que habría que hacer si se extendiera a este personal la presunción establecida» en las normas en vigor.

Es más, se añade que aun en el supuesto de que el usuario del servicio hubiera resultado contagiado, «tampoco sería posible determinar en la mayor parte de los casos» si la transmisión de la enfermedad «se ha producido de la persona dependiente al cuidador o a la inversa, puesto que este coronavirus se encuentra distribuido entre toda la población sin que sea detectable el contagio durante varios días». De hecho, desde el ministerio se argumenta que «fácilmente el contagio del cuidador puede haberse producido por su contacto con terceras personas: parientes, amigos, en centros de hostelería, de estética, en los medios de transporte o por múltiples vías», y no «por su trabajo con la persona dependiente». En circunstancias de riesgo similares, se anota luego, podrían estar entonces quienes prestan «servicios de empleados de hogar y otras muchas actividades que exigen el trabajo domiciliario», rematan.

El secretario general de CGT-A, Miguel Montenegro, mostró su «sorpresa», e «indignación», por lo que cree un «desprecio hacia el colectivo de ayuda a domicilio por parte del Gobierno central». A su juicio, será «una razón añadida», para que las 22.000 auxiliares de ayuda a domicilio andaluzas «apoyen la huelga de 24 horas» convocada por su sindicato el próximo 27 de noviembre en toda la región.