La conexión catalana del «macroproceso» de los ERE se reactiva

En las fronteras de la «macrocausa» en la que se investigan los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares se ha inyectado actualidad a una conexión añeja. El juez José Ignacio Vilaplana, refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 se Sevilla, ha dado por aportada a la pieza centrada en el cobro de supuestas sobrecomisiones superiores al precio de mercado una documentación trasladada al órgano judicial por una de las defensas, que ya se ha remitido tanto al Ministerio Fiscal como al resto de partes del proceso, de acuerdo a lo reflejado en una providencia a la que accedió este periódico. El letrado transmitió al magistrado, vía escrito, que en relación al llamado en el mencionado bloque del «caso ERE» Grupo Vitalia, integrado por «las personas físicas Eduardo Pascual Arxé y María Vaqué» y «las personas jurídicas Vitalia S. A., Vitalia Vida S. A., Irson Empresarial S. L., Holding Europeo Tindex S. L., Travol 2007, Fortia Vida, Personal Life MPS o Mutua de Previsión Social, Norton Life MPS o Mutua de Previsión Social, entre otras»; había tenido conocimiento de la existencia de dos resoluciones judiciales «de interés» que se le adjuntaron. Se trata de una sentencia de la Audiencia Nacional y de otra del Tribunal Supremo (TS) que «casa parcialmente la anterior en el sentido de estimar el recurso» de la Fiscalía «elevando las penas» contra Vaqué y en las que se alude a Pascual Arxé. Desestima además los recursos de casación de dos empresas que «no están» en el catálogo de «posibles responsables civiles subsidiarios» que se baraja en la pieza de las sobrecomisiones, avisó, unas entidades que «forman grupo empresarial con Eurobank, pero también con otras del Grupo Vitalia». La defensa señaló que las sociedades recurrentes en casación, «declaradas responsables civiles subsidiarios» y que «litigaron ante el Tribunal Supremo» son «Excell Life International S. A. y Romblau S. L.», y que, dado que son las únicas que recurrieron, ello podría significar que, al contrario que las demás, son solventes. Esto no es baladí, dada la ingente responsabilidad civil perseguida en la pieza de las sobrecomisiones.

Se añadió en el documento judicial, elevado al juzgado instructor y consultado también por este diario, que la relación de empresas que conformaban el Grupo Vitalia se especificaba así en el escrito de acusación de la Fiscalía en el procedimiento penal que dio lugar a esas dos sentencias, lo cual «podría ser útil» para esa causa y «para algunas piezas más» del «macroproceso».

La Justicia analiza si el dinero vinculado a la Consejería de Empleo de anteriores gobiernos andaluces socialistas fue a parar a compañías de seguros para financiar las prejubilaciones de los ERE, si éstas pagaban a Vitalia por su mediación y si parte de esos fondos tuvo como destinatario final o no a algún ex alto cargo de la Administración autonómica. Para ello, podrían haberse realizado presuntos traspasos desde cuentas de la última entidad de Barcelona a las de una oficina ubicada en Madrid, a la luz de lo recogido en las actuaciones judiciales. En definitiva, ¿fueron palanca financiera de los ERE irregulares?

Vaqué fue condenada como autora de «un delito continuado de administración desleal» en la descapitalización de Eurobank a la pena de «dos años y tres meses de prisión», según la sentencia incorporada ahora al «caso ERE». Su ex socio empresarial, con quien compartió la cúpula de la entidad bancaria quebrada, se fugó en 2015 cuando estaba en libertad provisional tras haber permanecido casi 15 meses en prisión preventiva por los ERE. Tras ser detenido por la Interpol en Burkina Faso en 2017, se volvió a escapar de la Justicia española sin que se haya vuelto a saber nada más de él ni se haya aclarado cuál es su papel en la trama de los expedientes de regulación de empleo subvencionados por la Junta. Algunas fuentes judiciales lo sitúan como «cabeza pensante».