Rebaja de penas en la segunda causa que se enjuicia del «macrocaso» de los ERE

La amenaza de la cárcel no se ha esfumado, pero ha habido destellos de alivio. La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado sus peticiones de condena para los acusados en el segundo juicio-gajo de la «macrocausa» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por ex gobiernos andaluces y presuntamente fraudulentos, con una excepción: el ex director general andaluz de Trabajo Juan Márquez, para quien mantiene su solicitud de cuatro años y medio de prisión por los supuestos delitos de prevaricación y falsedad, según han confirmado a LA RAZÓN fuentes del caso. Los márgenes en los que se han producido estos movimientos son los del proceso centrado en los más de 3 millones de euros que la Junta asignó a la empresa del municipio sevillano de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco). Es en esa causa, en la que el Ministerio Fiscal ha expuesto sus conclusiones definitivas ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que la juzga, y ha reducido en dos años la solicitud inicial de una docena y media vinculada al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, para quien ahora solicita seis años por malversación y prevaricación continuadas, en lugar de los ocho a los que apuntaba en sus posturas provisionales, y el resto por prevaricación y falsedad documental.

En la misma línea, aligera la carga que pesaba sobre el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá al eliminar la malversación, por la que demandaba ocho años, y mantener la comisión de los presuntos delitos de prevaricación y falsedad, por los que reclamaba cuatro años y medio, como ha adelantado Efe. Otros ex altos representantes del Gobierno autonómico que se han visto beneficiados por el cambio de posición de la Fiscalía son el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, que ha visto como su posible pena bajaba de seis a cuatro años y medio; o el ex director de la agencia IDEA de la Junta, ente que actuaba de caja pagadora para poder financiar los ERE, Miguel Ángel Serrano, para quien se ha pasado de ocho a seis años de reclusión. Con todo, las fuentes consultadas por este periódico anotan que este caso «acabará, si no ha sido enviado ya, camino del Tribunal Constitucional» al haber rechazado la Sala la exclusión del juicio de los ex cargos que ya fueron enjuiciados en la bautizada como pieza política de los ERE.