El fiscal mantiene la acusación contra Fernández por Acyco y la Junta le achaca tráfico de influencias

La Sección Tercera de la Audiencia inició la fase de informes de las partes del juicio relativo a las subvenciones concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los ERE irregulares y las ayudas directas y sin publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Juan Enrique Egocheaga, fue la primera de las partes en exponer su informe, detallando el expediente de regulación de empleo promovido por Acyco en 2003 para prejubilar a 35 empleados. Señaló especialmente que durante el juicio varios testigos y acusados reconocieron las condiciones «muy favorables» de las prejubilaciones, recordando el testimonio de un ex jefe de fábrica de Acyco que manifestaba que para los prejubilados, el ERE era «casi mejor» que un premio «de lotería». Se les garantizaba el 90% de las rentas y una «renta vitalicia» que asegurase sus ingresos, con lo que «dejaban de trabajar para seguir cobrando lo mismo». El fiscal consideró que la que fuera presidenta del consejo de administración de Acyco Encarnación Poto y el ex responsable de recursos humanos Gabriel Barrero, ambos acusados, decidieron emprender el ERE con las «garantías» de que los costes del procedimiento recaerían en la Junta y no en la empresa, cuyos «problemas de liquidez» le habrían impedido asumir el alto coste de las prejubilaciones. El fiscal avisó de que ambos «sabían cómo actuar» para cosechar ayudas autonómicas y «el proceder» al respecto de la Consejería de Empleo, tras lo cual señaló el «desembarco» en los hechos del abogado José Miguel Caballero, quien había trabajado para UGT y entonces operaba para el despacho Garrigues. Caballero también está acusado en el caso.

El fiscal aseveró que «todas las ayudas» cosechadas por Acyco fueron «ilícitas» al carecer de «procedimiento alguno», incurrir en «arbitrariedades» y «sustituir» la Junta a Acyco en las «obligaciones» de esta última. Según abundó, sería «absurdo pensar» que desde las altas autoridades de la Consejería de Empleo se dejase actuar a los directores generales de Trabajo «a su libre albedrío» respecto a asuntos que implicaban «cantidades muy importantes de dinero público», sin que conste tampoco «ninguna delegación expresa de competencias» en favor de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. La Junta, que ejerce también como acusación, señaló que las ayudas autonómicas de Acyco fueron concedidas «al margen de la Ley y con total desprecio a los procedimientos», considerando que Antonio Fernández «conocía la concesión» de estos fondos y enmarcando los hechos en presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y de tráfico de influencias.