El PP-A confía en que el rastreo de emails de la Faffe ayude a aclarar «compadreos» del PSOE

Recuperar el tono investigador extraviado y que se empiecen a aclarar tramas que giraban en torno a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta y que denuncian desde hace tiempo. Esto es lo que esperan que ocurra los diputados del PP-A Erik Domínguez y Ana Vanessa García, después de que el juez José Ignacio Vilaplana haya autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «el acceso y análisis» de los alrededor de 24.576 correos electrónicos y comunicaciones que se encontraban «en estado ‘no leído’» pertenecientes a 18 mandos y técnicos de la antigua entidad, como ya informó LA RAZÓN.

Domínguez asegura que «se sabe que en esos emails había compadreo en relación a las contrataciones» en ocasiones de «gente que no tenía ningún tipo de formación para el puesto de alta cualificación que ocupaba» en el seno de la ex fundación, «todo vinculado al PSOE», como «el ex alcalde de Lebrija, que leía el periódico», de acuerdo a lo recogido en el relato judicial. El parlamentario popular recuerda que el que fuera ex director de Recursos Humanos de la Faffe, Antonio Jiménez, fue citado por la comisión de la Cámara que analiza la gestión del ente y le trasladaron que habían «detectado este tipo de cuestiones en un correo suyo personal», pero el aludido «se levantó y se fue». Por ello tampoco pudieron interrogarlo sobre «por qué su mujer, Ana Valls, la ex jefa financiera de la Faffe que ahora es empleada del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) –también fue llamada por la comisión e integra el grupo de los que optaron por el silencio–, tiene una cláusula de mejora». «No sabemos que méritos hizo en la fundación para conseguirla», desliza Domínguez.

Su compañera de filas lo corrobora y lamenta que no fueran los únicos. «Todos los ex directivos de la Faffe estaban aleccionados e hicieron los mismo: acogerse a su derecho a no declarar». Ello, pese a que el «enchufismo» es una de las líneas de investigación que sigue la UCO, tras reactivarse la causa que originó una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

Ambos confían en que «en todos esos correos» haya «algo de luz» sobre «por qué no hubo procesos selectivos para el personal que se incorporó a Faffe procedente del Fondo de Promoción y Empleo, por ejemplo», plantea el diputado. García tiene claro lo sucedido en la Cámara: «Igual que en Madrid abren comisiones de investigación todas las semanas, aquí el PSOE decidió que ésta no iba a funcionar y desde que Manuel Chaves se levantó y se fue, todos los ex directivos han salido detrás, estando o no imputados». «Nos indigna que el PSOE haya boicoteado la labor del Parlamento», abrocha la parlamentaria popular.