Cerco a la Faffe: contratos irregulares, «enchufados» y operativas «ilícitas» de gasto

En 2021 se cumplirán diez años desde que un Gobierno socialista de la Junta intentara mandar al recuerdo a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), pero sus tentáculos eran largos. Se creó en 2003 como un ente adscrito a la Consejería de Empleo y tenía como objetivo prioritario el «impulso» y la «dinamización» del «tejido productivo andaluz» a través de proyectos de formación, según se recogió en el acuerdo de su constitución al que se dio el visto bueno en Consejo de Gobierno. Estuvo operativa ocho años, hasta 2011, cuando se integró en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que «se subrogó en todos los derechos y obligaciones» de dicha entidad y heredó a sus trabajadores.

En 2020 volvió a ocupar espacio mediático por gastos en prostíbulos, la comisión de investigación parlamentaria que ha intentado repasar su gestión, aunque ha sumado silencios de los comparecientes, y las causas judiciales en las que sigue inmersa casi una década después de su teórica liquidación.

«Al margen de la legalidad»

De momento, según el relato judicial, existen indicios de que la antigua fundación habría llevado a cabo licitaciones y adjudicaciones de contratos «al margen de la disciplina y de la legalidad administrativa y financiera aplicable», al menos en los ejercicios 2008 2009 y 2010, «acudiendo de forma arbitraria e injustificada a procedimientos simplificados y directos», que en realidad eran «de uso excepcional» en cuanto suponían «una quiebra de los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad». Creen en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que se obstaculizó «la libre concurrencia y competencia entre contratistas» por medio de «procedimientos de contratación administrativa opacos, en favor de determinados adjudicatarios». Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el importe de los contratos indiciariamente irregulares alcanzaría la cuantía de más de 9,4 millones de euros. Las anomalías detectadas se habrían realizado a través del fraccionamiento y la encadenación de contratos menores, la tramitación de procedimientos «en su modalidad de urgente», la «influencia» de las sociedades adjudicatarias en la designación de las empresas invitadas a participar –de forma simulada, incluso– en las licitaciones, la utilización de ofertas de resguardo por entidades instrumentales, o de «injustificadas e irregulares modificaciones contractuales», en especial, la prórroga de contratas, entre otras cuestiones descritas en varios autos vinculados a los procesos judiciales en curso.

Pero no es ésa la única vertiente de la gestión de la Faffe que se escudriña. Los investigadores han puesto la lente policial de aumento además en la posible injustificada contratación de al menos 84 personas «sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales» y con una presunta «omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia», sin convocatoria de ningún tipo ni «observancia de los principios de mérito y capacidad». Una cobertura de puestos por «enchufe» que se habría mantenido en el tiempo, pese a la falta de «contenido material concreto» vinculado a esas plazas, con sus correspondientes salarios públicos aparejados.

«Desviación de fondos»

Y aún existe un tercer bloque en el que indagan agentes del Instituto Armado. Se trata de un supuesto empleo «ilícito» de diversas operativas de gasto realizadas por quienes fueron responsables de la Faffe, «con la consiguiente desviación» de fondos de la Administración autonómica a la aplicación y la financiación de «fines e intereses ajenos a toda utilidad pública». Apartado en el que entrarían el que en el seno del ex ente de la Junta de Andalucía hubiera varias tarjetas opacas, como la supuestamente utilizada por el ex director de la Faffe Fernando Villén en diversos prostíbulos.

En un informe relativo al ejercicio de 2016, la Cámara de Cuentas de Andalucía reflejó negro sobre blanco que existían más de 55,6 millones, en concreto 55.644.950,80 euros, que se concedieron a la desusada fundación en forma de subvenciones excepcionales que estaban «pendientes de justificación».