Hacia una Justicia más moderna: la mediación

Dice el refranero español que «más vale un mal arreglo que un buen pleito». Dicho que vislumbra el saber popular en torno a los hándicaps de nuestro tradicional sistema de Justicia ante los tribunales; fundamentalmente, su lentitud, y en cierta medida, su incapacidad para colmar los legítimos anhelos de justicia de quienes acuden a ellos. En ese sentido, un sistema moderno de Justicia no puede pivotar exclusivamente sobre la jurisdicción (esto es, la potestad de jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), sino que en él también han de tener cabida otros instrumentos que faciliten la resolución de controversias entre los ciudadanos de forma más ágil y eficaz, de modo que a los órganos jurisdiccionales sólo lleguen aquellas cuestiones cuya resolución exija el empleo de la cualificada capacitación jurídico-técnica que posee la judicatura.

Desde esta perspectiva, la implementación definitiva en nuestro país de ciertos medios alternativos a la solución de conflictos (los conocidos como ADR, abreviatura en inglés de «alternative dispute resolution»), sin duda alguna podría contribuir a una notable mejora de nuestro sistema de Justicia, sobre todo a la luz de los resultados obtenidos con ellos en otros países del mundo occidental. Y es que la efectiva introducción de estos ADR, bien sea de forma previa al proceso judicial o de forma auxiliar a él, puede ser una de las piezas clave en el proceso de modernización de la Justicia en España, ya que sin duda alguna contribuiría no sólo a la disminución del número de procesos ante los tribunales ordinarios, sino también a lograr una mayor eficiencia en la resolución de los conflictos. Ahora bien, la efectiva implantación de los ADR exige además de ambiciosas y valientes reformas legislativas –que necesariamente han de tener reflejo presupuestario–, un cambio de mentalidad colectiva, y no sólo de los denominados operadores jurídicos, sino también de los ciudadanos en general, en torno a la tradicional concepción de la Justicia en nuestro país. Esto es un importante esfuerzo para visualizar que otras disciplinas no estrictamente jurídicas pueden dar igual, o incluso mejor, respuesta a determinado tipo de conflictos que la que, con las actuales leyes procesales y sustantivas, pueden ofrecer los juzgados y tribunales ordinarios.

Somos una sociedad moderna y madura, y ha llegado la hora de que los ciudadanos hagan un ejercicio de responsabilidad y participen directamente en la solución de su conflicto sin necesidad de esperar a que sea un tercero (el juez o tribunal) el que se la imponga, pues sólo de esa manera la solución será mucho más satisfactoria para ello. Consciente de esta necesidad, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que lidera Juan Marín, ha puesto en marcha en todas sus capitales de provincia –además de en la localidad de Marbella en la Costa del sol y la de Algeciras en el Campo de Gibraltar– un nuevo servicio para la promoción, difusión y divulgación de uno de estos ADR, la mediación. Así, los denominados Puntos de Información para la Mediación en Andalucía (en adelante PIMAs) se configuran como servicio público gratuito destinado a dar a conocer y facilitar el acceso de todos los andaluces a este medio alternativo a la solución de sus conflictos. Ubicándose en las sedes judiciales de las citadas localidades para dar cauce también a la denominada mediación intrajudicial, esto es, a aquellos supuestos en que los órganos judiciales puedan entender como adecuada la mediación para las partes en litigio y los deriven a ella.

De este modo, frente a experiencias pasadas, donde pese al alumbramiento de ciertas leyes de carácter parcial y limitado (como ocurrió con la mediación familiar), no hubo un verdadero proyecto claramente liderado por nuestra Administración autonómica, quien se valió de «entes interpuestos» que a la postre se revelaron totalmente ineficaces para la consecución del fin habida cuenta de sus reducidas facultades (caso de la hoy extinta Fundación Mediara), la puesta en marcha de los PIMAs tiene una vocación general y un carácter público inconfundible como servicio directamente gestionado por la Consejería de Justicia, a través de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación.

Así pues, por primera vez se está dando un paso firme y decidido a nivel institucional para la puesta en marcha de la mediación en Andalucía, iniciando un camino que otras comunidades autónomas ya empezaron a recorrer hace años y en el que nuestra comunidad ha estado, más que rezagada, paralizada a nivel institucional. Sólo el trascurso del tiempo nos permitirá analizar con seriedad el mayor o menor éxito de este proyecto, pero lo que resulta innegable es que hemos empezado a caminar, y con seguridad, esta nueva andadura traerá otros proyectos que harán más visibles y accesibles la mediación para los andaluces, porque los ADR han irrumpido en nuestra sociedad y lo han hecho para quedarse.