Vilaplana seguirá al mando de las «macrocausas» andaluzas con el respaldo del CGPJ

Tras un aplazamiento previo, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha optado por desestimar los recursos de alzada presentados por las defensas de 18 investigados contra el acuerdo adoptado por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el 14 de septiembre de 2020, que aprobó el plan de actuación gracias al cual María Núñez, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla –azotado por «macrocausas» como la de los ERE, los avales de la agencia IDEA de la Junta o varias de formación– y el magistrado de adscripción territorial del TSJA para la provincia de Sevilla José Ignacio Vilaplana, se distribuyeron el trabajo.

En virtud de aquel pacto, la jueza asumió el despacho de los asuntos ordinarios del órgano judicial y Vilaplana la investigación de los «macroprocesos» incoados, un reparto de tareas que la comisión permanente del CGPJ ha acabado respaldando en su reunión de hoy, según ha informado la oficina de comunicación del Alto Tribunal autonómico, aunque con el voto en contra del vocal Álvaro Cuesta. Con todo, aún se puede interponer recursocontencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) contra esa resolución, que pone fin a la vía administrativa. Habrá dos meses de plazo para hacerlo, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.

Las defensas habían planteado en sus recursos, en esencia y entre otras cuestiones, su temor a que el trato al que llegaron los dos magistrados vulnerara el derecho al juez natural predeterminado por la ley, lo que podría acarrear nulidades futuras. Pero en el CGPJ creen que, gracias a él, se evitarán «mayores paralizaciones» y se dotará de «estabilidad» a la tramitación de los procedimientos «cuyo conocimiento se atribuye al juez de refuerzo». Ello permitirá «una mayor efectividad y celeridad» en el desenredo de esas causas.

El final del episodio judicial no ha sorprendido a los representantes procesales que pretendían que fuera Núñez la que recuperara los mandos, según han trasladado algunos de ellos a LA RAZÓN. «Respetamos profundamente la decisión del órgano de gobierno de los jueces. Estudiaremos a fondo los argumentos jurídicos que se nos ofrezcan, así como los motivos jurídicos del voto particular y tomaremos una decisión sobre un posible recurso a la Sala Tercera, sólo tras analizar a fondo la resolución que se nos notifique. Es una cuestión exclusivamente jurídica», ha condensado en concreto el letrado Juan Carlos Alférez.

El Consejo General del Poder Judicial ya ratificó el archivo de las diligencias informativas que se abrieron después de que la Fiscalía Anticorrupción pusiera en el punto de mira la instrucción de las “macrocausas” por parte de Núñez, también entonces con un voto particular de por medio.