El exministro Zoido y el exdirector de la DGT testificarán en el juicio contra Fitonovo por presuntos sobornos

La Audiencia Nacional ha emitido un auto con relación a una de las siete piezas en las que se divide la macro investigación de los contratos adjudicados a la empresa Fitonovo por el presunto reparto de comisiones por parte de sus directivos a funcionarios y responsables institucionales a cambio de tales contratos públicos, accediendo a la petición de las defensas de los responsables de dicha sociedad de que presten declaración como testigos el exalcalde popular de Sevilla y exministro de Interior Juan Ignacio Zoido y el exconcejal hispalense de Economía y exdirector de la DGT Gregorio Serrano.

Como ha avanzado Diario de Sevilla, se trata de una petición formulada por el abogado Miguel Salas, en representación del fundador de Fitonovo y primer presidente de la entidad, Rafael González Palomo, en el marco de esta pieza de la macrocausa correspondiente a las contrataciones adjudicadas a Fitonovo y sus entidades satélite. Se indagan presuntos delitos de organización criminal, falsificación de documentos mercantiles, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación continuada y fraude contra las Administraciones Públicas.

En su escrito de peticiones, formalizado en marzo de 2019, la defensa de González Palomo avisa de “las irregularidades de la instrucción y su afectación a la nulidad de la prueba obtenida”, pues “ninguno” de los dos atestados policiales y los dos autos emitidos en junio y julio de 2012 por la juez Mercedes Alaya como entonces titular del juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que constituyen “el germen” de la actual causa, han sido incorporados a la misma.

“Sin dichos esenciales documentos, es absolutamente imposible desarrollar en este momento procesal una exposición tan detallada como se quisiera de los elementos que justificarían el calificativo de investigación universal y prospectiva, y por ende nula”, señala el abogado defensor.

En paralelo, expone que el juzgado de Instrucción número seis “desarrolló una investigación universal y prospectiva, auto atribuyéndose competencias para la investigación de delitos de las que carecía, lo que originó que de 2009 a 2016 se abrieran en dicho juzgado una serie de diligencias previas de notoria relevancia pública”, dando lugar a una serie de “casos mediáticos, todos ellos sorprendentemente tramitados siempre por el mismo juzgado, aunque tuvieran tan notoria falta de conexidad”.

“Todo ello genera una vulneración del derecho al juez predeterminado que rebasa la mera irregularidad de una norma de reparto de asuntos”, expone la defensa de González Palomo”, apreciando “vulneraciones de derechos fundamentales”, como el de defensa, por una investigación “arbitraria” al estar “dirigida a determinadas personas, entidades o estamentos en detrimento de otras, de forma ilógica e injustificada”.

“El nacimiento de esta investigación se produjo de forma vulneradora de los derechos fundamentales del defendido, originándose una investigación inicialmente universal y prospectiva, sobre la base de hechos notoriamente prescritos, en el seno de otras diligencias previas”, resume la defensa de González Palomo, considerando nulas las diligencias acometidas entre junio de 2012 y julio de 2013 con relación a estas causa.

Subsidiariamente, expone que González Palomo fue “máximo representante” de Fitonovo hasta febrero de 2007, cuando por motivos de salud hubo de comenzar a someterse a un “tratamiento agresivo”, reduciendo su intervención en la empresa hasta “desaparecer del todo de la misma a inicios de 2010”. Por eso, “no se ajusta a la realidad y es incongruente con el propio sumario hacer una exposición lineal de hechos atribuibles” a González Palomo, “tomando como punto de partida el de 1999 y de conclusión el de 2013, o incluso 2014”.

Además, la defensa alega que González Palomo no ha cosechado “enriquecimiento alguno” y “ninguna referencia existe en las actuaciones a un hipotético beneficio personal”, sin que pese “la más mínima referencia a irregularidades, ilegalidades, dobles contabilidades o rastro de las conclusiones a las que algunos agentes de la Guardia Civil incluyen en sus informes”, por lo que no procede “pena alguna” en su contra.

De cualquier modo, la defensa de González Palomo propone en este escrito toda una serie de pruebas, figurando entre las testificales que declaren como tal diversos acusados en otras piezas de la macrocausa, como es el caso de los exportavoces municipales de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (otrora primer teniente de alcalde) y José Manuel García, el exconcejal del PP Joaquín Peña, el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo, el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño y funcionarios municipales como el exjefe del servicio municipal de Parques y Jardines Francisco Amores.

También propone que testifiquen el exalcalde popular de Sevilla Juan Ignacio Zoido y quien fuera su concejal de Economía, Gregorio Serrano (ninguno de ellos investigado en ninguna pieza), por los contratos adjudicados por el Ayuntamiento hispalense a Fitonovo y “las gestiones encaminadas a construir un parque infantil en dependencias de la III Comandancia de la Guardia Civil de Montequinto, efectuadas por Fitonovo por petición” de Gregorio Serrano.

Con este escrito sobre la mesa, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional emitía este pasado jueves un auto adelantado por Diario de Sevilla y recogido por Europa Press, admitiendo “la totalidad de las pruebas” pedidas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, así como “la totalidad de las testificales” propuestas por las defensas.

No obstante, “respecto de las personas acusadas en otras piezas, su declaración se limitará a los hechos objeto de enjuiciamiento en la pieza principal, no en los imputados en las respectivas piezas separadas, y teniendo en consideración su condición de coimputados, con los efectos procesales inherentes a tal situación”, siendo admitidas igualmente las documentales solicitadas por la defensa de González Palomo respecto a los atestados y autos “germen” de la investigación.

En otro auto fechado este pasado viernes, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fija para los días 2, 3 y 4 de noviembre de este año el comienzo de la vista oral.