La concertada ve todavía «tímido» el blindaje contra la Ley Celaá en Andalucía

El pasado lunes el líder del PP, Pablo Casado, presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la denominada Ley Celaá, al considerar que la norma supone un «ataque frontal a la enseñanza concertada con cierta cobardía». A su juicio, la Lomloe conculca la libertad de los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos y ataca a la educación especial y al castellano, porque deja de figurar como lengua vehicular. La batalla contra esta controvertida ley se traslada al Alto Tribunal mientras las comunidades autónomas la aplican de una u otra forma. Andalucía ya anunció que se blindará ante el texto, pero los centros concertados y privados consideran todavía «tímida» la protección ante una norma que «atenta contra derechos fundamentales».

Así lo asegura a LA RAZÓN Rafael Caamaño, secretario general de la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE Andalucía), quien valora positivamente el recurso planteado por el PP porque así el Constitucional se pronunciará teniendo en cuenta las sentencias que ya ha dictado sobre el asunto. «Hay cuestiones de forma que se pueden interpretar de una manera u otra y tienen que ver con la legislación ordinaria, en este caso la voluntad de cada Gobierno es legítima», señala. Otra cuestión son los «derechos fundamentales», por ejemplo, el de los padres a elegir el centro educativo en el que quieren que estudien sus hijos o la gestión de la educación especial. «Es una faceta más del derecho de los padres a elegir, sobre todo en un tema tan sensible». Por ello, confía en que se paralice cautelarmente la ley por el «grave perjuicio que supone para muchas familias».

Caamaño valora la intención de la Junta de no aplicar la Ley Celaá en toda su extensión y la defensa que ha hecho de la libre elección por parte de los padres y que los centros de educación especial puedan seguir siendo sostenidos con fondos públicos. Sin embargo, considera que no está atendiendo la demanda social completamente. La Consejería de Educación ha convocado la renovación de los conciertos por cuatro años más, pero no los amplía «allí donde hay demanda». Junto a ello, asegura que «para que se atienda la demanda de las familias debería eliminarse el actual sistema de zonificación», que fue fijado por los anteriores gobiernos socialistas. Este sistema «limita la elección de centro» porque «las zonas que se plantean son muy pequeñas y sólo se pueden elegir centros cercanos al domicilio». «Pedimos que se elimine este sistema y que las familias puedan elegir en función de su ideario, del proyecto educativo que consideran más acorde con sus convicciones». Esto implicaría una modificación «radical» del actual decreto de escolarización.

De momento, la concertada, a nivel nacional, está analizando el desarrollo de la ley y no está convocado nuevas movilizaciones. Es la plataforma «Más plurales» la que está aglutinando el descontento, que se expresó de forma contundente el pasado mes de diciembre con numerosas caravanas en coche. En este punto, la concertada recuerda que hay algunas comunidades, como Cataluña, Baleares y Valencia, que sí mantienen una clara beligerancia contra este modelo educativo. Tras la aprobación en el Congreso, la norma se desarrollará con los reales decretos, que recogerán currículos y contenidos. «Ahí se verá cómo avanza la ley y, en función de ello, se podrían convocar más movilizaciones».

La Consejería de Educación recuerda que el pasado mes de diciembre el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó la orden que regula la renovación de los conciertos educativos por cuatro años, una clara apuesta por el mantenimiento de este modelo educativo. En relación al decreto de escolarización vigente, defiende que «blinda la libre elección de los padres». El consejero Javier Imbroda ha manifestado en varias ocasiones que no comparte la Ley Celaá porque «se ha hecho prácticamente a la carrera y sin el consenso de toda la comunidad educativa».

Por su parte, el portavoz de Educación del PP andaluz, Miguel Ángel Ruiz, abogó por un pacto por la educación frente a esta norma, «impuesta sin consenso con las fuerzas políticas y sin diálogo con la comunidad educativa» y que «limita libertades». Ruiz recordó que el texto «limita la libre elección de centro, un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía».