Radiografía de cinco años de terremotos políticos y una pandemia en Granada

Desde el mirador de San Nicolás de Granada, la vista de la Alhambra es arrobadora. En ese rincón del barrio del Albayzín era difícil estar a solas antes de que irrumpiera la covid-19, convertido en punto preferente de peregrinaje de los turistas que llenaban cada año la ciudad. En 2019, 2,7 millones de personas visitaron el monumento más concurrido de España; el año pasado, el cierre obligado de fronteras redujo esa cifra a 775.000. Esta primavera comenzó a estar concurrido de nuevo después de meses tan vacío como el resto de la ciudad.

Granada ha sufrido las restricciones por la alta incidencia del coronavirus con mayor crudeza en otoño que el resto de Andalucía, una circunstancia que está condicionando su recuperación. Ya se habla de la quinta ola y la incidencia vuelve a estar en la capital y gran parte de su cinturón metropolitano en riesgo extremo, por encima de 250 casos por cada cien mil habitantes. La pandemia la ha vuelto distinta. Sus sesenta mil estudiantes universitarios han vivido un curso atípico, porque las aulas granadinas fueron las primeras en cerrar en octubre y la semipresencialidad no volvió hasta abril. Comercios, bares y hoteles tardaron más en volver a levantar la persiana en la desescalada comandada por la Junta de Andalucía. Un informe elaborado en febrero por la Confederación Granadina de Empresarios (CEG) apunta que es una de las diez provincias españolas cuya economía se ha visto más ralentizada por la crisis del coronavirus, con una caída interanual del PIB en 2020 del 12,6%, según datos recopilados por el Banco de España. El estudio «La economía en Granada tras un año de pandemia» evidencia que el nivel de restricciones aplicado y la estructura productiva de cada provincia ha condicionado su evolución. Esos dos factores se han aliado para añadir dificultades a su recuperación –Málaga, con una caída del 17% del PIB, Cádiz, con un descenso del 12,4%, son las otras dos provincias más afectadas–. La confederación empresarial alerta de que la mortalidad de las empresas supera ya el 27%; y el nivel de desempleo ha vuelto a números de 2013, situándose en 26,8%, según los Indicadores Urbanos del INE de 2021. A las circunstancias externas en contra, la capital une la inestabilidad política, que la condujo la semana pasada a investir a su cuarto alcalde en cinco años.

La imagen de quien fuera la primera autoridad de la ciudad durante trece años, José Torres Hurtado, saliendo esposado del Ayuntamiento todavía perdura. Su detención en abril de 2016, junto a 17 cargos de Urbanismo y empresarios, dentro de la «Operación Nazarí» –una supuesta trama de corrupción que se sigue investigando– precipitó el relevo en el Gobierno municipal. El candidato del PSOE, Francisco Cuenca, fue elegido alcalde el 5 de mayo con los votos de Cs, Vamos Granada e IU, con el único propósito de desalojar al PP. Cinco años después, Cuenca vuelve a estar al frente de un Gobierno local en minoría –ahora tiene 10 concejales frente a los ocho con los que gobernó en la anterior legislatura–. Y de nuevo los votos de Unidas Podemos –donde se integran Podemos e IU– y Cs fueron los responsables de su elección. En su discurso de investidura, hizo un recorrido por los retos que afronta Granada y reclamó un pacto a todas las fuerzas políticas para sacar a la ciudad de su parálisis. La tarea de alcanzar un consenso es ardua por la disputa que mantienen PP y Cs, y sus propias diferencias internas. El exalcalde Luis Salvador, que apoyó a Cuenca también en 2016, se encuentra en proceso de expulsión de su partido, igual que su compañero José Antonio Huertas. Los otros dos ediles naranjas habían dimitido el 8 de junio y se dieron de baja de la formación, reteniendo su acta y pasando a engrosar el grupo de concejales no adscritos, donde ya son tres después de que el exlíder del PP Sebastián Pérez renunciara en mayo a su militancia. Todo apunta a que la consumación de la expulsión de los dos últimos ediles de Cs conducirá a Salvador y Huertas a esa condición de no adscritos. Serán entonces cinco de 27 los concejales fuera de las siglas por las que concurrieron a las elecciones de mayo de 2019, contribuyendo a enrarecer el inestable clima municipal.

Para contrarrestar esa situación, Cuenca baraja incluir a representantes de otros partidos en su equipo. Los tres ediles de Unidas Podemos y el PSOE sumarían 13, a solo uno de la mayoría para gobernar con cierta solidez los dos próximos años, sin depender de la negociación de continuos acuerdos puntuales. Ese diálogo que en otro tiempo podía ser habitual en cualquier ayuntamiento se ha convertido en un imposible en Granada, donde los terremotos políticos están causando un daño institucional que pasará una alta factura social y económica.