Lo que Luis Planas ha definido como una «excelente noticia» y un «éxito para España» supone la confirmación de un hachazo al campo andaluz de 500 millones de euros. Mientras el Ministro de Agricultura se congratulaba ayer desde Bruselas por la finalización de la negociación del Plan Estratégico Nacional de la nueva Política Agraria Común (PAC), las principales organizaciones profesionales agrarias de Andalucía trataban de asimilar el grave perjuicio, que no por anunciado deja de ser preocupante para el sector agro en un momento clave. Los agricultores y ganaderos andaluces, que representan más del 30% de los perceptores de la PAC, tendrán menos recursos, precisamente, cuando se necesitaba todo lo contrario. Uno de los grandes pilares de la economía de la comunidad, que representa el 10% del PIB y el 11% de empleo, tendrá que hacer frente a la subida de costes de producción, a la sequía y al nuevo contexto geopolítico generado por la guerra de Ucrania con menos ayudas que hasta ahora. Básicamente, porque la configuración de las regiones productivas y de los ecoesquemas, las dos medidas más importantes del Plan Estratégico Nacional diseñado por Planas, penalizan fuertemente a Andalucía y a algunas de sus comarcas más productivas. El Consejo de Agricultura de la UE, según confirmó el comisario Janusz Wojciechowski, incluyó a España en el primer grupo de países cuya negociación del plan estratégico de la PAC ha concluido con la Comisión Europea. En palabras de Planas, «certidumbre y seguridad de apoyo para nuestros agricultores y ganaderos». Palabras que, desde la falta de consenso del proceso, ponen en duda Andalucía y varias comunidades más. Después de tres largos años, el proceso final de la negociación política llegó en plena campaña electoral andaluza y las miradas puestas en las urnas. De hecho, la propia unidad de acción de las opas se vio resquebrajada cuando aún faltaban días –15 de junio– para presionar con la presentación de aportaciones al borrador del Plan Estratégico de Planas. Sólo Asaja y Cooperativas aparecieron para reclamar que el Ministerio reconsiderase sus propuestas y evitar un «agravio comparativo de consecuencias irreversibles». A la postre, “ni se han atendido las alegaciones, ni se han tenido en cuenta las dificultades productivas que atraviesa la UE”, como recuerda Asaja Sevilla. En el marco 2023-2027, Andalucía va a dejar de recibir 100 millones de euros al año, según los estudios de la Consejería de Agricultura. Es decir, miles de agricultores y ganaderos tendrán menos ayudas de Europa. Del «Plan Planas» salen vencedores y vencidos. El ministro andaluz saca adelante su estrategia y, mientras, el Ejecutivo andaluz, que ha venido defendiendo que ha dado una vuelta de 180 grados al plan inicial del Gobierno, ha visto cómo sus argumentos finales no han sido tenidos en cuenta. La reforma penaliza a un 52% de agricultores andaluces -alrededor de 110.000– en un importe cifrado entre el 10 y el 50%. Mientras, la Castilla-La Mancha de García-Page, la bendice, en Andalucía tienen claro que el ministro andaluz no ha sido precisamente un aliado. Hoy las opas tienen pensado salir en un comunicado a denunciar de nuevo el atropello a sus intereses. La consejera de Agricultura en funciones considera que Planas “ha vuelto a dar la espalda a Andalucía”, recordando que el plan estratégico “cuenta con el rechazo unánime del sector y del Gobierno andaluz por haberse realizado sin tener en cuenta informes y estudios de impactos”. Las pérdidas, según la Consejería, afectarán de forma muy significativa a zonas históricas como la campiña de Sevilla, La Loma de Jaén, la Vega de Antequera o el Condado de Huelva”, ha señalado, antes de remarcar que la PAC del Ministerio “provocará pérdidas millonarias en todo el olivar andaluz”. A juicio del Gobierno andaluza, la decisión “va a generar desequilibrio territorial, más pérdidas económicas y nuevos costes de producción a los agricultores y ganaderos andaluces”.