Los ingresos por el impuesto de patrimonio en Andalucía, en caída libre desde 2011

La polémica suscitada por la bonificación al cien por cien del Impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía no es nueva. Esta figura impositiva ha sido objeto de controversias desde hace muchos años y, de hecho, el Gobierno de España durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero lo eliminó en 2008 –lo anunció un año antes–y lo recuperó posteriormente en 2011 cuando la crisis económica estaba ya plenamente asentada. La realidad es que los ingresos por ese tributo en Andalucía no se han recuperado desde esa fecha.

Según los datos históricos de la Agencia Tributaria, Andalucía ingresó 162.367.442 euros en 2007 por el impuesto de patrimonio producto de la declaración de 84.454 contribuyentes. Tras la reactivación del impuesto en 2011, la liquidación final fue de 88.993.634 euros como consecuencia de la aportación de 16.676 declarantes. Es decir, se perdieron 67.778 «ricos» y 73,3 millones de euros, casi un 50 por ciento menos –un 45 por ciento exactamente–.

Zapatero decidió suprimir este impuesto para beneficiar «a un millón de ciudadanos» porque «gravaba el ahorro de las rentas medias» y distorsionaba el marco tributario al «gravar año tras año los mismos bienes que mediante otros impuestos ya habían contribuido a esa distribución». Ahora bien, el Gobierno de entonces decidió compensar a las comunidades autónomas por la supresión de este impuesto, lo que en la práctica significó unos ingresos garantizados para Andalucía de 162,4 millones de euros.

Así quedó plasmado en la disposición transitoria sexta del modelo de financiación autonómica de 2009 –que todavía sigue en vigor–. La ley apuntaba que «las Comunidades Autónomas recibirán en concepto de compensación estatal por la supresión del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente a cada uno de los años 2009, 2010 y 2011, el importe transferido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en el año 2008 a cada Comunidad Autónoma, por el Impuesto sobre el Patrimonio».

Con la reactivación del impuesto, las 15 comunidades autónomas del régimen fiscal común (todas salvo País Vasco y Navarra) que recibían 2.097 millones de euros anuales, vieron cómo sus ingresos por este concepto ya no estaban asegurados. En el caso de Andalucía, ni en cantidad final ni en número de declarantes, el impuesto de patrimonio volvió a alcanzar estas cifras.

El mejor año de comportamiento de este impuesto ha sido el último de los que hay datos, el 2020, que se cerró con 93,3 millones de euros de ingresos y 16.785 declarantes. En 2019 fueron 88,5 millones y en 2018, 81,8 millones.

Con respecto a la posibilidad de captar grandes patrimonios que fijen su residencia fiscal en Andalucía, la foto fija de este impuesto en comunidades como Cataluña y Valencia –junto a Madrid y a Andalucía, que ya lo han suprimido, eran las que lideraban la tabla de ingresos por este concepto- apenas se ha movido en los últimos años. En el caso concreto de Cataluña, en 2020 presentaron la liquidación por patrimonio 80.150 personas y los ingresos fueron de 546,5 millones de euros. El año anterior, en 2019, los ingresos fueron mayores, 554,7 millones y de 512,8 millones en 2018. Por su parte, la Comunidad Valenciana recaudó 142 millones en 2018; 153,4 millones en 2019; y 156,3 millones en 2020.

En cualquier caso, sobre la eliminación del impuesto de patrimonio se ha debatido mucho en España en los últimos años. Después de que Zapatero lo eliminara y recuperara, el Gobierno de Rajoy, a través del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro encargó un informe sobre tributos en España. Ese trabajo, conocido como el «informe Lagares» –por el catedrático que dirigió el comité de expertos, Manuel Lagares– recomendó su «eliminación definitiva, siguiendo la tendencia que se aprecia en otros países desarrollados y dados sus efectos negativos sobre el ahorro». Esta sugerencia no se tuvo en cuenta. Hoy, en Andalucía, con la publicación ayer del decreto-ley en el BOJA, este impuesto ya no se abona.