Reforma de la Ley andaluza de Memoria si hay «amplio consenso»

El fantasma de Queipo de Llano se paseó ayer por el Parlamento andaluz, a escasos metros de la basílica de donde acaba de ser exhumado su cuerpo en virtud de la última reforma de la Ley de Memoria Democrática. No quiso el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ahondar demasiado en este asunto, a pesar de la insistencia de la oposición. El portavoz de Vox, Manuel Gavira, le instó a derogar la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática, una norma que fue aprobada en la Cámara en 2017 sin ningún voto en contra. Moreno se comprometió a «actualizarla y mejorarla» siempre que exista un «amplio consenso», al objeto de eliminar cualquier «sesgo» de carácter ideológico. «La Junta ha hecho lo que tenía que hacer, que es cumplir la ley», dijo en referencia a las exhumaciones de Gonzalo Queipo de Llano, su esposa Genoveva Martí y el general Francisco Bohórquez. Junto a ello, aseguró que hará todo lo que esté en su mano «para sumar y nunca restar, cohesionar y no dividir y no crear frentes entre buenos y malos».

En este punto, explicó su visión «amplia y transversal» de la sociedad andaluza, entendida desde la «diversidad y pluralidad». Esta visión implica, a su juicio, «tener que dar pasos atrás sobre los compromisos adquiridos para atender las demandas de una amplia mayoría de ciudadanos».

Gavira, por su parte, señaló que la norma andaluza es «el origen y la madre» de la aprobada recientemente por «los socialistas y comunistas» en el Congreso. «Andalucía tiene que ser referencia de libertad y se tiene que dar ese primer paso derogando esa ley», indicó, además de mostrar su «esperanza» de ver que PP y Vox pueden ser «alternativa» a un Gobierno central que «degrada la convivencia y prosperidad entre los ciudadanos».

Para Gavira, la Ley andaluza de Memoria «divide, enfrenta y destruye lo que hemos heredado de nuestros padres y abuelos» y advirtió a Moreno de que cada día que pasa sin derogarse se está convirtiendo en «cómplice de la división» que está provocando el Gobierno de Sánchez.

La sanidad fue otro tema candente de la sesión de control, al calor de las críticas que está recibiendo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. El portavoz socialista, Juan Espadas, reprochó al presidente andaluz que la sanidad, la educación y los servicios sociales tienen en el Presupuesto de 2023 «menos peso, en términos porcentuales, que las últimas cuentas» aprobadas en el Parlamento. «Su problema es no gestionar los problemas de Andalucía y solo le gusta el postureo, las fotos e inaugurar centros sanitarios que no funcionan o lo hacen en malas condiciones», dijo en referencia a la reciente apertura del centro de salud de Galaroza (Huelva) con problemas en el suministro eléctrico. Espadas también criticó que el aumento de las inversiones de la Junta, contempladas en el Presupuesto autofinanciado, es del 3%, y que el resto corresponden a fondos «transferidos del Estado o fondos europeos».

Moreno, de su lado, instó al PSOE a debatir sobre el Presupuesto en las reuniones que mantendrá la próxima semana el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, con los grupos parlamentarios en torno a las cuentas de 2023. El presidente remarcó que el Presupuesto destina 13.800 millones al ámbito sanitario, un 40% más respecto al último año del PSOE en la Junta. Desde que el PP gobierna se han incorporado 30.000 sanitarios más y las cuentas de 2023 aumentan las partidas de educación en un 34% y las de políticas sociales en un 27%. Los problemas «estructurales» a los que aludió Espadas son fruto, a juicio de Moreno, de los 37 años de gobiernos socialistas. «No ha traído ni un dato bueno», le reprochó.