Es una vieja aspiración que se llegó a plantear en la legislatura pasada, pero que no ha terminado de cristalizar. Los centros concertados aspiran a más unidades de Bachillerato, Formación Profesional y de apoyo a la integración. Así lo asegura a LA RAZÓN Rafael García, secretario general de Escuelas Católicas de Andalucía, quien señala que «el concierto es la vía lógica para hacer posible la gratuidad y la equidad de la enseñanza». «Queremos la concertación en todas las etapas educativas», subraya García, además de destacar la voluntad de la Consejería de Educación en este sentido. «Queremos tener una oferta educativa acorde con las necesidades de la población a la que atendemos», insiste la patronal que aglutina al 70% de los colegios concertados de la comunidad autónoma, subrayando también la voluntad de impartir de cursos de especialización, en este caso vía subvenciones.

García, no obstante, valora la buena sintonía que mantiene el colectivo con el departamento que dirige Patricia del Pozo. «Nosotros como organización estamos dispuestos a colaborar con la Consejería en cualquier asunto que nos demanden», remarca, además de mostrarse «esperanzado» por ese «camino común». Recuerda García que en otras etapas, como en la legislatura pasada, fue fácil avanzar y llegar a acuerdos, pero en otros momentos, por ejemplo con los gobiernos socialistas, el diálogo fue complicado. «La consejera y su equipo son accesibles, nos escuchan», sostiene, además de valorar que la Administración andaluza «está atenta a las necesidades de los alumnos y no tanto del sistema».

La financiación de los centros concertados siempre es un asunto delicado. Escuelas Católicas de Andalucía confirma que mantiene un diálogo «fluido» con la Consejería para «mejorar los acuerdos existentes». En este sentido, puntualiza que el pago de los salarios de los profesores «ha mejorado bastante». «En estos momentos están recibiendo sus sueldos con los mismos criterios que los trabajadores de la enseñanza pública». Otra cuestión es la financiación directa de los centros. «Este asunto tendría que mejorarse porque en los últimos años ha habido un desfase entre la cantidad aportada y la subida del IPC», señala García, quien asegura que la cantidad que aporta el Gobierno ha aumentado un 2,5%, pero la inflación ha aumentado más, por ejemplo el coste de la energía eléctrica y otros servicios. «Esto depende de los Presupuestos Generales del Estado», recuerda. La Junta, por su parte, ha complementado la aportación del Gobierno, sobre todo durante la pandemia para afrontar los gastos de limpieza. «Estamos discriminados por el Gobierno central a través de los Presupuestos Generales del Estado», lamenta García, no sin antes puntualizar que la Junta «ha ayudado a los centros concertados en la medida de sus posibilidades». En Cataluña, este desfase se cifra en un 30% desde el año 1995. En Andalucía se está elaborando un estudio para calcular el dato, una labor que está realizando la Universidad Loyola. García, no obstante, adelanta que el desfase podría rondar el 15 o 20%.

¿Se garantiza la libre elección de centro en Andalucía? El secretario general de Escuelas Católicas asegura que sí, aunque matiza que «otra cosa es que los recursos que poseen los centros concertados sean iguales que los de la pública». En este punto, señala que la Junta se muestra partidaria de solucionar el problema de la equidad en cuanto a la dotación de recursos. «En otros momentos la Junta no fue tan clara en cuanto a la idea de que todo el mundo pueda elegir el centro que quiera, pero ahora, con la falta de natalidad, es difícil que se generen problemas en este sentido».

La controvertida Ley Celaá echó un pulso a la concertada, con algunos aspectos lesivos hacia este modelo educativo. García reconoce que, a nivel pedagógico y de funcionamiento de los centros, la norma conlleva «aspectos interesantes, sobre todo a nivel de innovación pedagógica». De otro lado, las fricciones aparecen cuando considera a los centros concertados subsidiarios de los públicos. «Por delante de los centros concertados siempre habrá uno público, y eso no es verdad», remarca García, además de asegurar que «no hay ninguna razón objetiva para decir que la enseñanza pública es preferente». En este sentido, recuerda que la Constitución consagra la libertad de elección de centro. «Lo importante no es quién es el titular del centro, sino respetar la elección de las familias».