La Mancomunidad de Huelva suprime las asignaciones a los partidos

La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) ha suprimido en el presupuesto para 2023 la dotación económica que percibían los grupos políticos representados en esta asociación de municipios, tras requerir la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) una investigación. El importe de esta dotación, que se recaudaba a través de la empresa de Gestión Integral del Agua de Huelva SA (GIHASA), ascendió en el ejercicio 2022 a 546.200 euros, ha informado la OAAF en un comunicado.

La representatividad de los municipios en el pleno de la mancomunidad a través de grupos políticos y las asignaciones económicas reconocidas a los mismos se producía en virtud de un acuerdo del pleno de la mancomunidad de 24 de julio de 2019, que ha sido objeto de denuncia ante la OAAF. Este acuerdo también ha sido impugnado por parte de la Junta de Andalucía que en mayo de 2022 remitió a la mancomunidad un requerimiento sobre la nulidad de dichas decisiones, sin que hubiera sido atendido por la misma.

La decisión de la Mancomunidad de suprimir las dotaciones a las fuerzas políticas en el presupuesto del ejercicio 2023 se ha producido tras la resolución de 16 de diciembre de 2022 de la OAAF, en la que se acordó el traslado de actuaciones para que se iniciara una investigación al apreciar que la integración en el pleno de la mancomunidad de los grupos políticos y las asignaciones fijas y periódicas que se otorgaban a estos, pudieran haberse aprobado sin amparo normativo, ya que los estatutos de la propia mancomunidad no los reconocen. La Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador de la OAAF entiende que estos hechos pudieran suponer una quiebra de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), en el sentido de que es el municipio el que designa a sus representantes en función del resultado electoral, lo que no implica que sea a través de la existencia de grupos políticos en sus órganos de gobierno, más cuando los estatutos de la mancomunidad fueron modificados en este sentido.

En la citada denuncia también se ponía en conocimiento de la OAAF posibles irregularidades en la financiación a largo plazo de la empresa GIHASA, unos hechos sobre los que esta oficina no se ha pronunciado dado que la Junta de Andalucía tiene interpuesta una demanda ante los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo, y a la fecha de emisión de la resolución no existía un pronunciamiento judicial expreso.