El Algarrobico, pasos en falso para dilatar su demolición

«Desde Greenpeace lo decimos desde hace tiempo, jurídicamente hay que dar los pasos correctos, pero nunca se dan», explica Luis Vilar, portavoz de una de las organizaciones ecologistas que más ha denunciado el símbolo de la destrucción de la playa que supuso en 2003 la construcción de un hotel a escasos metros del mar, en el municipio almeriense de Carboneras. «A la hora de resolver los procedimientos del Algarrobico, siempre hay un paso anterior que está mal, lo que vuelve a complicar un entramado jurídico y administrativo muy difícil de desenmarañar». El activista medioambiental señala al Ayuntamiento de Carboneras como «un ejemplo claro de cómo alargar un pleito utilizando todas las artimañas posibles» para «evitar indemnizar a la constructora, Azata del Sol».

La ONG ambientalista considera un «nuevo paso en falso» la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de la reciente decisión del consistorio «por vía de urgencia y sin cubrir todos los pasos previos» de desclasificar el suelo del Algarrobico como urbanizable. Un canto del cisne para el alcalde en funciones, el socialista José Luis Amérigo, tras un último requerimiento del alto tribunal andaluz que incluía multas coercitivas de 700 euros cada 20 días por la inejecución del fallo. El propio regidor ha reconocido que la calificación del suelo ahora como no urbanizable, no ha sido un acto «discrecional», sino determinado «de forma inexorable por la sentencia».

De esta forma, Greenpeace entiende que «se han saltado los pasos previos» para la modificación efectiva del Plan General de Ordenación Urbana, al realizarse mediante sesión de pleno extraordinario, «sin exposición pública, ni plazo de alegaciones, pese a que hay terceras personas afectadas». «Desde nuestro punto de vista no es legal», ha puntualizado Vilar, por lo que «hemos comunicado dicha anomalía y esperamos que el TSJA tome pronto una decisión al respecto». Un defecto en la tramitación cometido «a sabiendas», del que el todavía primer edil carbonero habla como una aprobación «única y exclusivamente para el cumplimiento de sentencia».

Más trabajo para un Tribunal Superior que ha abierto pieza separada para decidir, precisamente, si se acepta o no la recusación de una de las magistradas encargada de hacer que se cumpla este cambio del uso del suelo sobre el que se construye el Algarrobico. «Tomó decisiones contrarias a nuestros intereses desde otros juzgados en el pasado y ahora tiene que participar en nuevos fallos desde el TSJA», ha destacado Luis Vilar, recordando que «el actual letrado del Ayuntamiento de Carboneras era, también, un magistrado que ya participó en sentencias que iban en contra de los grupos ecologistas».

Además, la asociación Salvemos Mojácar presentó incidente de recusación contra esa misma magistrada por actuar «junto al abogado del Ayuntamiento» en el dictado de sentencia en 2014 en la que se declaró que el paraje era área urbanizable y desde el colectivo piden que se nombre a otro ponente para ejecutar el fallo por «especial protección» del espacio natural.

También relacionado con el caso del Algarrobico, el Consejo General del Poder Judicial remitió en abril una queja, en este caso de Ecologistas en Acción, por «inacción» respecto a la ejecución de las sentencias firmes. Si bien El CJPG rechazó adoptar nuevas medidas porque afectarían a la «función jurisdiccional» de los magistrados en sus «decisiones procesales», se suma a una veintena de sentencias y otras diferentes instancias judiciales acumuladas ya en el proceso. Hasta el momento, el único fallo efectivo contrario a la estructura, la paralización de obras en el año 2006 por invadir los 100 metros de la franja de dominio público marítimo terrestre y por erigirse en una zona de especial protección del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Y es que, tras dos décadas desde el inicio de la construcción de este gigante de 21 plantas y 411 habitaciones, se calcula en unos 7 millones de euros el coste necesario para recuperar el enclave. En 2011 se publicó en el Boletín Oficial del Estado que el Ministerio de Transición Ecológica sería el responsable de la demolición, mientras que la Junta de Andalucía se ocuparía de la restauración del espacio natural, pero son todavía varias las causas judiciales abiertas que retrasan esa solución definitiva.

Una demora que también ha penalizado al PSOE el pasado 28M en las urnas, por los retrasos en acatar requerimientos judiciales que dejen en suspenso las decisiones de los gobiernos socialistas de comienzos de siglo. El PP se ha convertido en la fuerza más votada, pero con un empate a seis ediles con el Partido Socialista que deberá romper el acta conseguida en la localidad por Ciudadanos. «Creo que es nuestro deber llegar a un pacto con el PP», ha manifestado el edil decisivo, Felipe Cayuela, en plenas negociaciones para alcanzar el acuerdo y con denuncias cruzadas por parte del Partido Socialista por compra de votos de los populares.