La UCO eleva a ocho los investigados en torno a la Diputación de Almería en la nueva pieza del caso 'Mascarillas'

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado este miércoles la incorporación de un nuevo investigado en la operación desarrollada ayer por orden del Juzgado de Instrucción 1 de Almería en el marco del caso 'Mascarillas'. En concreto, cinco personas han sido detenidas y tres figuran como investigadas.

Por su parte, el PP andaluz notificó ayer la «suspensión cautelar de militancia» del presidente provincial del partido en Almería y de la Diputación, Javier Aureliano García; del vicepresidente de la institución provincial, Fernando Giménez, y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras ser detenidos ayer por la Guardia Civil por presuntos contratos irregulares y mordidas por la compra de material sanitario durante la pandemia. Con esta decisión, el Partido Popular quiere reaccionar rápido ante un caso que afecta a uno de los feudos electorales del partido en la región.

Los hechos se precipitaron a primera hora de la mañana del martes. La Guardia Civil detuvo al presidente de la Diputación Provincial y del Partido Popular de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Junto a ellos, según confirmó posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, fueron arrestadas cuatro personas más. En total, la cifra de arrestados ascendió a siete personas y los agentes de la Guardia Civil realizaron diez registros en inmuebles, entre viviendas particulares, oficinas públicas y sedes de empresas.

La operación no es nueva. La causa coordinada por la jueza María Belén López desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería busca esclarecer el posible cobro de comisiones ilegales mediante la adjudicación de un contrato de material sanitario por valor de 2.036.186,24 euros mediante un procedimiento de urgencia realizado en abril de 2020, ya que el coste del mismo hecho efectivo al proveedor no alcanzó el millón de euros y se observan indicios de posibles «mordidas».

De hecho, tanto el alcalde de Fines como el vicepresidente tercero ya estaban siendo investigados en el marco de la causa. La novedad fue la detención del máximo dirigente del PP almeriense y presidente de la Diputación, circunstancia que causó sorpresa tanto al Gobierno provincial, que en primera instancia negó que se habían producido los arrestos, como a dirigentes del partido que hasta el momento afirmaban desconocer todos los extremos del operativo.

La realidad es que los agentes de la Unidad Central Operativa accedieron al Palacio Provincial a primera hora y según fuentes consultadas por este periódico, realizaron un registro exhaustivo en despachos de Presidencia y ordenadores conforme al auto judicial emitido por la instructora. La jueza también mandató a los agentes que se incautaran de expedientes relacionados con varias contrataciones de obras y se autorizó la entrada en domicilios particulares, con numeroso material intervenido.

Los registros se prolongaron a lo largo de más de diez horas y contaron con la dirección, entre otros, del teniente coronel jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, Antonio Balas.

Según el auto que autorizó la intervención policial, «en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales».

La jueza considera que en el punto actual de la investigación llevada existen ya indicios de que los investigados «hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber sido destinatarios, entre otros».

Algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines, cuyo alcalde es tío del principal investigado en la primera fase de la operación: el exvicepresidente tercero y diputado provincial de Fomento Óscar Liria, que ingresó en prisión en junio de 2021 durante casi dos semanas y al que se le encontraron sobres con 150.000 euros en efectivo en su domicilio.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también volcó las comunicaciones privadas relacionadas con los hechos investigados y requirió documentación a la Diputación de Almería, al Ayuntamiento de Fines.

Por su parte, el juzgado ordenó medidas de aseguramiento patrimonial de los investigados a entidades bancarias, cajas de ahorro, cajas de seguridad y ha prohibido enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor.

Con la presunta implicación del presidente de la Diputación y máximo dirigente –hasta su suspensión de militancia– del PP de Almería, el «caso Mascarillas» escala políticamente. Javier Aureliano García Molina (Balanegra, Almería, 31 de diciembre de 1976) es presidente de la Diputación Provincial de Almería desde enero de 2019 y asumió la presidencia del PP de Almería en junio de 2021. Sustituyó al frente del partido a Gabriel Amat, que estuvo en el cargo 17 años. Su nombramiento se hizo en búsqueda del «consenso» como candidato único, en una provincia con varias «familias políticas» en la que el PP goza de uno de los mayores porcentajes de apoyo de toda España. De hecho, en las últimas elecciones municipales de 2023 obtuvo la mayoría absoluta en la capital, en las principales ciudades y en la Diputación gracias a que consiguió el 50,74% del total de ediles que se repartirán por los consistorios almerienses.