Un «atajo» legal en Andalucía para facilitar la construcción de viviendas

En el diagnóstico coinciden todos los partidos políticos: hay que mejorar la oferta de vivienda en toda España, tanto para la compra como para el alquiler. En la solución, como se ha visto con la Ley de Vivienda del Gobierno de España, no existe tal consenso. Uno de los que ha aportado su propuesta al debate ha sido la Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios (Fadeco Promotores), que ha instado a las administraciones públicas a «declarar la situación de emergencia para asimilar la construcción de vivienda al procedimiento que se usa para otras situaciones de emergencia», caso del ámbito sanitario o en la lucha contra la sequía. Ayer, la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, confirmaba que el departamento de Fomento estudia la posibilidad de declarar la situación de «emergencia habitacional» en Andalucía.

La intención es facilitar los trámites administrativos para la construcción de las viviendas necesarias que permitan una mejora de la oferta. El texto del anteproyecto incide en «promover una infraestructura residencial de carácter público, de viviendas o alojamientos en alquiler, y que ofrezca vivienda a precio asequible a los colectivos de especial protección, tales como las personas jóvenes».

El anteproyecto incluye, por ejemplo, medidas para flexibilizar los requisitos administrativos para optar a una vivienda protegida, implantando «la declaración responsable en el 90% de los tramites a realizar, pasando de un modelo de desconfianza en el promotor y la ciudadanía, a un modelo de confianza en los agentes participantes».

El suelo es uno de los elementos clave en la construcción de inmuebles. Según Fadeco Promotores, el 50 por ciento del coste de una vivienda lo componen el suelo y los impuestos asociados al proyecto. Por eso, el texto apuesta por «autorizar el uso alternativo de vivienda protegida en alquiler en las parcelas calificadas con el uso pormenorizado turístico, dotacional privado o servicios de oficinas»; «incrementos de edificabilidad y densidad en parcelas de uso residencial que se destinen a vivienda protegida, sin necesidad de modificar los instrumentos de ordenación urbanística» y «la tercera permite la implantación de viviendas o alojamientos dotacionales en las parcelas de equipamiento público que no tengan asignado un uso pormenorizado específico o que estén destinadas genéricamente a servicios de interés público y social en los instrumentos de planeamiento».

A todo ello, Fadeco Promotores ha añadido en sus alegaciones al texto «posibilitar que se destinen solares y edificios de uso terciario abandonados a vivienda protegida en alquiler» o fomentar pisos adaptados a la realidad familiar actual, en la que las parejas tienen menos hijos.

En realidad, el concepto de «emergencia habitacional» no es nuevo. El propio anteproyecto de ley de vivienda que tramita la Junta de Andalucía ya lo incluye, pero orientado únicamente a colectivos vulnerables. En concreto, señala que «las personas sin hogar o en situación de emergencia habitacional, así como las personas y las familias que han sido desposeídas de su vivienda habitual por situaciones de impago de su hipoteca o de la renta de alquiler, por causas sobrevenidas» tendrán «prioridad en el acceso a una vivienda».

Por ejemplo, es un concepto parecido al que en su día utilizó Izquierda Unida cuando lideraba las políticas de vivienda en el Gobierno andaluz para justificar la ocupación de un bloque de viviendas por la denominada «Corrala Utopía». Esgrimía la entonces consejera Elena Cortés que las familias –que fueron denunciadas– actuaron ante la «emergencia social».

Recientemente, el pasado 9 de abril, Bildu defendió en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley en la que abogaba por «declarar la emergencia habitacional» en toda España «para que el derecho a la vivienda sea un eje prioritario de las políticas públicas de todas las instituciones, en el ejercicio de sus plenas competencias y aplicaciones». Bildu quería «reconocer el estado de emergencia en el ámbito de la vivienda y regular tanto los alquileres de temporada como los contratos de arrendamiento por habitaciones, todo ello con el objetivo de aumentar el control sobre el fraude actual». El PP votó en contra por ser una propuesta «intervencionista o de imposición» y mostrar «desconfianza hacia la iniciativa privada».

El anteproyecto de ley andaluz quiere conjugar ambos intereses: el interés público y el privado.