Los delitos prescriben antes que las heridas. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada como acusación popular en la causa que investiga el asesinato de dos agentes en Barbate el 9 de febrero de 2024 tras ser embestidos por una narcolancha, se ha opuesto «con firmeza» a la solicitud de libertad provisional presentada por la defensa de los tres investigados que tripulaban la embarcación que arrolló mortalmente a los dos guardias civiles.

La AUGC argumenta que, dada la extrema gravedad de los delitos investigados, entre ellos dos asesinatos consumados y cuatro en grado de tentativa, así como la elevada petición de penas a la que podrían enfrentarse los acusados, se justifica el mantenimiento de la prisión provisional.

Además, la AUGC considera que existe una elevada probabilidad de fuga, que pondría en peligro la celebración del juicio oral.

Por otra parte, la asociación de Guardias Civiles ve insuficiente la fianza interesada por el Ministerio Fiscal de 10.000 o 15.000 euros por cada uno de los acusados, y solicita, en caso de que se concediera la excarcelación, que se imponga una fianza no inferior a los 30.000 euros por cada acusado, todos ellos vinculados a redes de narcotráfico, según reconocieron ellos mismos. Asimismo, la AUGC recuerda que aún está pendiente la elaboración de un informe pericial de navegación marítima que determinará el grado de participación de los investigados en los hechos, por lo que considera «apresurado» cualquier movimiento que pudiera afectar al avance del procedimiento. La AUGC señaló que seguirá actuando como garante de los intereses de los guardias civiles y de sus familias, y confía en que la justicia actúe «con la máxima contundencia ante uno de los atentados más graves sufridos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los últimos años».

Hace un año, la jueza denegó la petición de libertad de dos detenidos por el asesinato en Barbate argumentando que los imputados seguían estando investigados por delitos de contrabando en el seno de una organización criminal, y por resistencia y desobediencia a agente de la autoridad, delitos que podrían acarrear una pena grave de hasta ocho años y medio de cárcel, ya que solo el delito de contrabando en el marco de un grupo criminal puede suponer hasta siete años y medio de prisión. Los agentes ahora temen la libertad provisional.