Casi el doble de casos judiciales pendientes dos décadas después en Andalucía

Miles de causas pendientes de juicio. La Justicia sigue siendo la Cenicienta de la Administración. La situación, según las propias estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, lejos de mejorar, ha empeorado. En la jurisdicción social, aproximadamente, se tarda en celebrar un juicio por despido unos tres años. En los juzgados de Violencia de Género, los casos también se dilatan. Si un juicio se señala para 2025, las medidas cautelares pierden su sentido. Andalucía acumula del orden de más de un millón de asuntos al año. La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 140,8 asuntos por cada 1.000 habitantes. En Andalucía es de casi 150, sólo por detrás de Canarias (180). La litigiosidad en los órganos judiciales andaluces aumentó un 4,1% durante 2022. La jurisdicción Civil recibió un 6,7% más asuntos y la Penal, un 4,1% más. Entró un total de 1.296.913 asuntos y se resolvieron 1.290.378 procedimientos, un 0,7 % más que en el ejercicio anterior. También aumentó, en un 2,6%, el número de asuntos que quedaron pendientes de resolución a 31 de diciembre, en total 653.512.

En 2021 el número de asuntos ingresados fue de 1.245.238. De ellos, 438.118 fueron de lo Civil; 686.814 de lo Penal; 45.277 de lo Contencioso-administrativo; y 75.029 de lo Social. Ninguna comunidad ingresa más causas que Andalucía, que suma uno de cada cinco asuntos judiciales, el 20%, en el territorio nacional, cuyo total fue de 6.273.090. Los asuntos en trámite en Andalucía eran el año pasado casi 20.000 menos que éste: 636.731, de los 3.144.583 que hay en el país, esto es, el 20% del total nacional.

En 2020, el número de asuntos ingresados en Andalucía fue de 1.108.408 mientras que dos décadas antes eran 1.422.155. En la comunidad andaluza en 2001 había 378.971 pendientes y se resolvieron 1.419.079. Dos décadas después, los asuntos sin resolver son 636.731 y se resolvieron 1.281.830 asuntos. Es decir, en 20 años se resuelven 137.249 casos menos y hay pendientes 257.760 asuntos más. Los asuntos sin resolver casi se han duplicado (por 1,7).

En Almería se pasó de 96.913 asuntos ingresados en 2001 a algo más de 92.000 en 2021. En Cádiz, de 182.214 a 170.951. En Córdoba, de 98.999 asuntos a 95.165. En Granada, de 124.317 a 129.273. En Huelva, de 70.159 a 64.853. En Jaén, de 67.724 a 66.859. Sólo subieron los casos en Granada.

Los asuntos en trámite en Almería pasaron de 34.880 a 52.638. En Cádiz, el aumento de casos pendientes fue exponencial: de 66.616 a 101.983. En Córdoba se pasó de 14.914 a 39.608. En Granada, de 29.158 a 47.245. En Huelva, de 13.901 a 40.705. En Jaén casi se duplicaron, de 15.795 a 28.317. En Málaga fueron más del doble: de 62.743 a 130.066. En Sevilla se pasó en dos décadas de 44.976 asuntos pendientes a 148.067 en 2021, esto es, 3,3 veces más casos en proceso. Por provincias, la tasa de litigiosidad de Almería en 2021 estaba en 126,6; en Cádiz, 137,2; en Córdoba, 122,5; en Granada, 140,3; en Huelva, de 123,3; en Jaén, de 106,6; en Málaga se elevó a 176,6; y en Sevilla se situó en 129,8. La media española era de 132,4. La tasa de congestión en Almería pasó de 1,37 en 2001 –cuando empieza la serie histórica– a 1,53 en 2021. En Cádiz en 20 años pasó de 1,37 a 1,57. En Córdoba, de 1,16 a 1,39. En Granada, de 1,23 a 1,35. En Huelva la variación en dos décadas va de 1,19 de tasa de congestión a 1,60, la mayor de Andalucía. En Jaén pasó de 1,21 a 1,40. En Málaga, de 1,18 a 1,41. Y en Sevilla: de 1,12 a 1,55.

La sobrecarga de trabajo provoca que los profesionales elijan otros destinos. Tal es el caso del Campo de Gibraltar. Recientemente un juicio con medio centenar de acusados por narcotráfico prescribió tras 15 años. Ángel Núñez, fiscal jefe de Cádiz, en declaraciones a TVE, se refirió al sistema procesal como «un camino de cabras por el que nos obligan a circular con velocidad de F-1».

Desde el 24 de enero hay una huelga de letrados exigiendo mejoras. En la jornada «La factura de la injusticia: sistema judicial, economía y prosperidad en España» celebrada en Sevilla se llegó a la conclusión de que un sistema judicial eficiente es esencial para el desarrollo económico y los retrasos provocan pérdidas económicas.

La huelga entre los Letrados de la Administración de Justicia, lo que eran secretarios judiciales, ha supuesto más de 34.100 juicios y actuaciones suspendidas en Andalucía, así como 17.010 demandas pendientes de recibir curso, unos 49.090 escritos sin proveer, 451 lanzamientos, embargos, desahucios y remociones de depósitos paralizados, más de 700.000 actos de comunicación sin practicar, 1.790 expedientes del Registro Civil suspendidos y más de 64 millones «inmovilizados» en un mes.