Con un total de 24, Andalucía es la comunidad autónoma con más parques naturales de España, a los que hay que sumar tres parques nacionales. Para preservarlos, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente debe desplegar inversiones y herramientas jurídicas, aunque todos los recursos son pocos para abordar los desafíos que presenta el cambio climático. La consejera del ramo, Catalina García, hace balance de estas acciones.

La riqueza medioambiental Andalucía es indiscutible, aunque está amenazada por la sequía y las altas temperaturas. ¿Está preparada la región para afrontar el cambio climático?

Creo que somos la comunidad autónoma a nivel nacional que puede estar mejor preparada, precisamente porque ya sufrimos las consecuencias del cambio climático de una manera evidente. Los andaluces ven cómo los veranos empiezan antes y finalizan más tarde. Ven, además, cómo las temperaturas elevadas se mantienen por periodos más prolongados. Este año hemos tenido quince días con temperaturas por encima de los 40 grados de una manera consecutiva. También hemos visto cómo el mar alcanzaba temperaturas muy elevadas. Vemos además que ya no llueve de esa manera que calaba en la tierra, sino que en muchos lugares llueve de manera torrencial, con efectos también perjudiciales. Con todo esto encima de la mesa, en el año 2019 vimos que debíamos de actuar, que teníamos la responsabilidad como Administración de hacer una planificación, precisamente para afrontar los retos del cambio climático. Y así ha sido. El Plan Andaluz de Acción por el Clima ha llevado a cabo más de 200 actuaciones, con una inversión de más de 2.600 millones de euros. Colaboramos con los ayuntamientos para que tengan herramientas. Pusimos a su disposición el Plan de Acción contra el Cambio Climático. Todos los municipios de Andalucía con menos de 50.000 habitantes, que son más de 700, ya tienen ese plan que hace un diagnóstico individualizado del municipio y plantea qué medidas deben adoptar para tener esa planificación. En el reciente Consejo Nacional del Clima le pedí a la ministra Sara Aagensen que permitiera la creación de un grupo de trabajo donde las comunidades autónomas pudiéramos hacer nuestras aportaciones al pacto nacional de la emergencia climática. Si las comunidades trabajamos conjuntamente para elevar nuestra voz y ser oídos en Europa, tenemos que hacer exactamente igual en España.

Una de las consecuencias del cambio climático es la proliferación de incendios forestales. Este verano se produjeron 137 en Andalucía, quedando calcinadas 5.000 hectáreas. ¿Cómo se trabaja para prevenirlos?

Trabajamos de una manera conjunta con la Consejería de Presidencia, donde está la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias (EMA). Nosotros realizamos, entre el año 2024 y 2025, una inversión de 163 millones de euros en labores preventivas. Pero no solo son importantes estos trabajos, sino que sigamos apoyando al sector primario para que sus explotaciones sean rentables. Mientras seamos capaces de mantener ecosistemas variados, donde la masa forestal conviva con la agricultura y la ganadería, podremos tener esa prevención. Esa masa forestal no controlada se convierte en combustible. Afortunadamente, en Andalucía el sector primario es muy potente y es nuestra obligación impulsarlo. En este contexto, no estamos de acuerdo con el borrador que se ha planteado para la próxima Política Agraria Común (PAC), y así lo han dicho el presidente de la Junta y el consejero de Agricultura. El anterior marco ya restó a Andalucía 500 millones de euros y en el próximo ya se plantea un nuevo recorte. La PAC es precisamente una ayuda para que las explotaciones sean rentables, para que esa población se quede en el mundo rural y siga haciendo lo que ha hecho toda la vida, que es cuidar del medio natural.

Hay tres normas que están pendientes de aprobación: la ley de Agentes de Medio Ambiente, la de Montes y la de Gestión Ambiental. ¿Qué herramientas van a aportar para proteger el entorno natural?

La ley de Agentes de Medio Ambiente va a dignificar a este colectivo. Para nosotros son esenciales porque trabajan en el territorio y realizan una labor muy importante de protección, dinamización y concienciación. Las otras dos leyes van al próximo Consejo de Gobierno. La actual ley de Montes tiene 30 años y no estaba adaptada a la ley básica estatal. Los montes son una palanca de desarrollo económico y social. Va a flexibilizar todos los permisos y muchos de ellos se harán por declaración responsable. Eso no significa que no los vayamos a vigilar. Vamos a dar también un valor muy importante a la colaboración público-privada, para que empresas del sector forestal también tengan cabida dentro de la gestión. La ley de Gestión Ambiental tiene un objetivo principal, y es que casi todos los proyectos empresariales de desarrollo económico pasen por nuestra Consejería. Todos deben tener una autorización ambiental integrada. No queremos ser un freno al desarrollo económico y social de nuestra comunidad autónoma. De esta manera, vamos a reducir burocracia y plazos.

Se acaban de presentar los Presupuestos de 2026. ¿Cuáles son las prioridades de su departamento en materia de inversión?

Para nosotros sigue siendo importantísimo la prevención de incendios y la gestión forestal. En estos dos ámbitos vamos a seguir invirtiendo de una manera importante. También destaco la partida dirigida a la gestión de residuos, concretamente más de 160 millones de euros, un 18% más que en el anterior Presupuesto. Los ayuntamientos tienen que cumplir una serie de objetivos en la gestión de residuos y nosotros, como Junta de Andalucía, tenemos que ayudar a cumplirlos. Vamos a seguir invirtiendo en los puntos limpios, porque también facilitan esa recogida separada a la población, y también en las plantas de transferencia y el sellado de vertederos.

En 2023 el presidente de la Junta firmó con la anterior ministra de Transición Ecológica el pacto por Doñana. Los agricultores vienen alertando de que no están recibiendo las ayudas anunciadas.

Hemos sido muy reivindicativos y hemos trabajado con el Ministerio a través de nuestro comisionado, Jaime Mora, para avanzar. El Gobierno ha tardado dos años en poner en marcha las ayudas. Los agricultores las deberían haber recibido antes y no los ayuntamientos, ya que verdaderamente son los principales perjudicados y las víctimas en este conflicto. Una vez que ya están las ayudas, por valor de 28,5 millones de euros, nosotros también hemos empezado con la tramitación de la orden que pone encima de la mesa 10 millones de euros para el año 2026. Nuestra orden está ya en tramitación, pero es verdad que nosotros no podemos ejecutarla porque va ligada a la del Ministerio. Nosotros complementamos esas ayudas, además de la Diputación de Huelva para llegar a esos 70.000 euros por hectárea que era el acuerdo que teníamos con los agricultores. Quiero agradecerles su infinita paciencia en este camino, además de su generosidad para llegar al acuerdo.

¿De qué manera puede afectar el deslinde de Doñana aprobado recientemente por el Gobierno?

Estamos en contra todos. Lo difícil es conseguir la unanimidad de todos en contra de ese procedimiento de deslinde. Ha sido un proceso largo y ya en el año 2023 los técnicos del espacio de Doñana dijeron que ese deslinde no era de acuerdo a un criterio científico o técnico. Lo que se pretendía fijar es que las marismas de Doñana eran mareables, es decir, inundadas por el mar. Se destrozaban así estudios científicos y años de seguimiento que dicen que las marismas de este entorno no son agua salada. Y ahí están en desacuerdo absolutamente todos, desde agricultores hasta sociedades científicas, ecologistas y ayuntamientos. Hablé con el secretario de Estado y le dije que lo paralizaran, que contestaran todas las alegaciones que se habían planteado. De golpe y porrazo publicaron en el BOE ese procedimiento, con un informe desfavorable del Consejo de Participación de Doñana.

Uno de los hitos de la Junta en relación con Doñana fue la compra de la finca Veta la Palma. ¿Cómo influye en la conservación de este enclave natural?

Esa finca y la de Tierras Bajas fueron las dos que compramos y sirven para un objetivo principal: la resiliencia de Doñana ante el cambio climático. Se busca la inundación natural de las marismas para cuando tengamos periodos de sequía.

Más allá de la promesa incumplida de María Jesús Montero de derribar El Algarrobico en cinco meses, ¿la Junta mantiene la voluntad política para que este edificio desaparezca de la costa de Carboneras?

Montero tuvo mucho tiempo cuando ella fue consejera de esta tierra para derribarlo y ahora lo quiere hacer de una manera rápida. Por una parte, y ya se ha hecho por parte del Ayuntamiento de Carboneras, hay que declarar el suelo como no urbanizable y publicarlo. Ahora queda la revisión de la licencia, un mero trámite administrativo dando cumplimiento a varias sentencias. Con esto sí es verdad que se abre un camino más fácil, aunque también se judicializará. Hay una mesa mixta donde nos sentamos y vamos de la mano. Cuando Montero fue nombrada secretaria general del PSOE-A se rompió ese consenso.