Las cocinas en los colegios de Andalucía costarían casi 1.350 millones al año

Una cocina en cada colegio público de Andalucía no es viable económicamente. El Consejo de Gobierno manifestó ayer su criterio contrario a la toma en consideración de la Proposición de Ley del derecho al comedor escolar en la educación pública andaluza presentada en el Parlamento de Andalucía por el Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía. La formación de izquierdas quería repetir el éxito de su iniciativa con respecto a las gafas gratis que se tramita en el Congreso de los Diputados, pero los números, en esta ocasión, no cuadran.

La polémica sobre la calidad de los menús en los comedores escolares de los centros públicos andaluces no es nueva. En Andalucía existen algo más de 2.000 comedores en los que almuerzan diariamente en torno a 220.000 alumnos. El sistema mayoritario de suministro es el de catering externalizados, que recurren al sistema de línea fría. Estas contrataciones se han enfrentado a numerosos problemas por el precio que paga a la Administración y que, en muchas ocasiones, no satisface las necesidades de las empresas, motivo por el que algunos concursos se han quedado incluso desiertos. Esta circunstancia se ha resuelto con una subida del precio del menú sin que, en muchos casos, la calidad ofrecida sea del agrado de las familias.

La posibilidad de instalar cocinas in situ en todos los centros ha sido una reivindicación histórica. Lo planteaba el PP en la oposición, lo ha tomado ahora como iniciativa propia Adelante Andalucía y lo ha planteado incluso el Consejo Económico y Social, que en un dictamen sobre el Proyecto de Decreto por el que se garantiza la oferta alimentaria saludable y sostenible, en centros docentes, sanitarios, sociales y dependencias del sector público radicado en Andalucía señalaba que «atendiendo a los estudios y evaluación de calidad de los menús, consideramos que impulsar y fomentar la creación de las cocinas in situ, es decir, las cocinas ubicadas en el propio centro para la elaboración completa del menú, frente a los servicios de catering o similares, debería constituir una política de fomento por parte de la consejería competente, en el ámbito de la colaboración publico privada».

Todas estas peticiones chocan con un problema principal: el económico. El Gobierno andaluz considera que la propuesta de universalizar el servicio con gestión directa y cocina propia en cada centro educativo supondría una reconfiguración estructural del sistema, con un coste estimado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de 1.347 millones de euros, de los que 983 millones supondrían un incremento consolidado anual en el presupuesto: 360 millones sería el coste total de inversión en infraestructuras; 450 millones de euros anuales correspondientes al aumento de personal docente y no docente; y cerca de 530 millones de euros anuales como consecuencia de los costes recurrentes en alimentación y suministros.

Esta cantidad supondría, prácticamente, destinar solo a esta medida el déficit anual que reclama la Junta de Andalucía por el actual modelo de financiación autonómica y que asciende a 1.522 millones. Ese importe, según se comprometió Juanma Moreno en el Parlamento, se destinaría íntegramente a atender necesidades en materia de salud, educación y servicios sociales, pero una medida como la implantación de comedores escolares absorbería prácticamente todos los recursos –en el caso de que en algún momento se apruebe un nuevo modelo de financiación o el Gobierno aprobara una partida para regiones infrafinanciadas–.

Por ese motivo, la Junta de Andalucía apuesta por el modelo actual de comedores escolares, que se encuentra «en fase de consolidación y mejora continua, combinando distintos modelos de gestión en función de las características del entorno y de las necesidades reales del alumnado y de las familias».

Señala el Consejo de Gobierno que «el sistema actual responde a criterios de sostenibilidad, eficiencia, participación y equidad, y su desarrollo futuro debe estar guiado por principios de responsabilidad técnica y viabilidad económica».

Además, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional recuerda que en la actualidad gestiona directamente 314 comedores escolares con personal propio y cocinas en los centros, de tal manera que la «coexistencia de modelos de gestión permite adaptarse a las realidades logísticas de cada territorio, especialmente en zonas rurales o con baja demanda, donde el modelo indirecto es muchas veces la única vía para garantizar el servicio».

Por último, recuerda que en el curso 2023-2024 se realizaron «más de 600 inspecciones presenciales a comedores escolares, en las que se ha constatado la adecuación de los menús tanto en cantidad como en equilibrio nutricional».

Por tanto, lo lógico es que la Proposición de Ley de Adelante Andalucía será rechazada en el Parlamento con los votos del PP.