La comunidad que suma el 82% de los acusados por corrupción del país

De los 85 acusados en procedimientos por delitos de corrupción en España, un total de 66 radica en Andalucía. De las 34 personas jurídicas afectadas en el país, 32 son de Andalucía. De los nueve procedimientos abiertos en el primer trimestre de este año, cinco se juzgaron en la comunidad andaluza. Sumando personas físicas y jurídicas (119), Andalucía suma el 82% de los procesados (98) por causas de corrupción.

Según informó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los juzgados y tribunales españoles procesaron a 85 personas físicas y 34 jurídicas por delitos de corrupción durante el primer trimestre de 2023. En el mismo periodo, dictaron 15 sentencias, diez total o parcialmente condenatorias. De las 15 sentencias, cuatro fueron en Andalucía en relación a casos de corrupción: tres absolutorias y una parcialmente condenatoria.

Los jueces españoles concluyeron en el primer trimestre de 2023 un total de 9 procedimientos por delitos de corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra un total de 119 personas (85 físicas y 34 jurídicas), que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos, según el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. Destaca el peso estadístico andaluz.

La información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía. Los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política. Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación de funcionarios públicos (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442, 443 y 445) y receptación y blanqueo de capitales (art. 303).

Quedan décadas de casos de corrupción en Andalucía que vienen de antaño, al margen de las nuevas causas. Sólo los ERE son más de un centenar de piezas. El pasado ejercicio, la comunidad andaluza ya acaparó 16 de 37 causas por corrupción en España, esto es, más de la mitad, con una causa en el primer trimestre, dos en el segundo, cinco en el tercero y ocho en el cuarto. Andalucía sumó también 93 de los 187 encausados de las comunidades autónomas. Por tanto, Andalucía acaparó el pasado año también la mitad de procesados por corrupción. El total nacional fue de 200 imputados.

Durante 2022, los jueces españoles concluyeron un total de 38 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 164 personas físicas y 36 personas jurídicas.