Andalucía afronta cada verano el drama de los incendios forestales, con miles de hectáreas reducidas a cenizas, pérdidas económicas para agricultores y ganaderos, y un patrimonio natural cada vez más vulnerable al cambio climático. Pero, además de los daños inmediatos del fuego, la comunidad se enfrenta a otro problema de fondo: la impunidad práctica derivada de la lentitud judicial. Según denuncian fuentes de la Fiscalía, los juicios por provocar incendios forestales llegan a retrasarse hasta 12 años, lo que, en la práctica, vacía de eficacia las condenas previstas en el Código Penal.

Un caso reciente se ha vivido en Ubrique (Cádiz). Dos personas fueron detenidas esta semana por la Guardia Civil después de ser sorprendidas arrojando colillas encendidas desde un vehículo en marcha. Aunque la conducta encaja en un presunto delito de incendio forestal, la Fiscalía no solicitó prisión provisional y ambos quedaron en libertad a la espera de juicio. Y aquí radica el problema: en caso de celebrarse, la vista oral podría demorarse más de una década, como ya ha ocurrido en algunos procesos por delitos medioambientales en Andalucía.

El fiscal de Medio Ambiente en Málaga, Fernando Benítez, intervenía recientemente en Canal Sur Radio para poner el foco en un debate que considera mal planteado. Recordó que en 2015 ya se endurecieron las penas por incendios forestales, elevando las condenas hasta un máximo de 20 años de cárcel en los casos más graves. Sin embargo, esta reforma no ha tenido un efecto disuasorio. El endurecimiento de las penas no ha reducido estos delitos.

Benítez explicó que la mayoría de los incendios no responden al perfil del pirómano clásico que no puede reprimir sus impulsos, ni tampoco al de quienes buscan un beneficio económico directo, sino a conductas imprudentes: lanzamientos de colillas, barbacoas en lugares prohibidos o negligencias en labores agrícolas. «El incendiario imprudente no tiene intención de provocar un incendio y, en los casos dolosos, la mayoría procura su propia impunidad y en muchos casos lo consigue, con lo cual la amenaza de la pena le da exactamente igual», resumió. Por ello, el fiscal subrayó que el problema no se soluciona con más castigo, sino con más agilidad judicial: «Quizás deberían preocuparse más de darnos los medios adecuados para que no tengamos que tardar 12 años en celebrar un juicio por incendio forestal, como me viene pasando a mí en esta fiscalía».

Mientras tanto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, coincidiendo con incendios como los de Tarifa –se sospecha que fueron provocados–, reiteró su propuesta de endurecer las penas contra pirómanos y responsables de fuegos. Moreno sostiene que solo con sanciones ejemplarizantes se puede lanzar un mensaje claro a la sociedad de que «quien quema un monte arruina el futuro de todos». Moreno llegó a señalar que el Código Penal es «inocuo» en este materia.

El planteamiento del presidente de la Junta conecta con una opinión pública cada vez más sensibilizada. La devastación que dejan los incendios en zonas rurales y espacios naturales protegidos, unida al miedo en las poblaciones cercanas, refuerza la idea de que la justicia debe actuar con mayor contundencia. La petición de mano dura se convierte, así, en un argumento político de peso.

Sin embargo, desde la Fiscalía se recuerda que este enfoque puede tener más de retórica que de eficacia real. Para Benítez, las apelaciones a penas más duras forman parte del argumentario político para empatizar con la ciudadanía, pero no resuelven el problema de fondo: que los procesos judiciales son tan lentos que, en la práctica, los responsables terminan quedando impunes durante años.

El fiscal también incidió en la necesidad de reforzar las políticas de prevención y la coordinación entre administraciones. Propuso un mecanismo supra autonómico que permita una respuesta más rápida y eficaz, dado que el fuego no entiende de fronteras administrativas. La prevención pasa, además, por la educación, la limpieza de montes, el mantenimiento de cortafuegos y una mayor vigilancia en periodos de riesgo.

El impacto del cambio climático convierte este reto en una urgencia. Las altas temperaturas, la sequía prolongada y las olas de calor hacen que Andalucía sea especialmente vulnerable a los grandes incendios forestales. Así, una simple imprudencia puede tener consecuencias catastróficas.

Según estadísticas oficiales de la Junta abarcando de 2013 a 2022, el 35,75 % de los incendios forestales en la comunidad fueron intencionados. Este porcentaje de exige no solo mayor vigilancia y colaboración ciudadana, sino también una respuesta judicial más ágil y eficaz. La paradoja es clara: mientras desde la política se insiste en el endurecimiento de las penas, los fiscales advierten que la lentitud judicial desactiva cualquier efecto ejemplarizante. El resultado es una sensación de frustración social ante la impunidad práctica de quienes provocan incendios, ya sea por dolo o por imprudencia.

A día de hoy, en Andalucía se siguen acumulando causas por incendios que tardan más de una década en resolverse, mientras cada verano arden miles de hectáreas de bosques y espacios naturales. La ciudadanía exige respuestas inmediatas y eficaces, pero la justicia, colapsada por la falta de medios, se muestra incapaz de responder a tiempo.

El debate, por tanto, no se limita a cuánto se debe castigar al incendiario, sino a cómo lograr que el castigo sea real, rápido y eficaz. Porque mientras los procesos judiciales se eternizan, los montes andaluces continúan ardiendo cada año con consecuencias devastadoras para el territorio y para quienes lo habitan.