El embalse de Olivargas, la "solución" de la Junta para Doñana

El Gobierno andaluz se decanta por utilizar el agua sobrante del embalse de Olivargas (Almonaster la Real) para ofrecer una solución definitiva a la polémica en torno al Parque Nacional de Doñana. No es la primera vez que se sugiere esta opción, pero es la que se plantea ahora como más viable. El pasado mes de febrero, el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apuntaba que «el embalse de Olivargas lleva aliviando agua desde el 11 de diciembre porque no hay donde almacenarla. Ya ha tirado al mar 22 hm3, lo que consume Huelva en 2 años. Por eso es vital que el Gobierno central retome las obras de la presa de Alcolea. Esta agua es clave para Doñana», lamentaba en las redes sociales. Ayer, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Andalucía insistió en esta idea, ampliada posteriormente desde la Consejería de Sostenibilidad.

Esta opción permitiría llevar agua superficial a los regantes de la Corona Norte y al propio Parque Nacional, lo que aliviaría la presión sobre los acuíferos que generan los regantes que tienen una concesión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El presidente andaluz recordó de nuevo que «la presa de Olivargas desembalsa 22hm3 por no tener hechas las obras para almacenar el agua. Según estimaciones, es mucho más de lo necesario para encauzar el problema de la Corona Norte».

Moreno señaló que de la proposición de ley para regularizar regadíos «a 30 kilómetros de Doñana» se beneficiarían 700 hectáreas. Aunque en el texto que se tramita en el Parlamento objeto de la polémica no se cuantifica el número de hectáreas, el presidente ofreció una cifra exacta que estaría muy alejada de las 1.500 hectáreas de las que habla el grupo conservacionista WWF.

«¿Usted cree que una ley para 700 hectáreas pone en riesgo un Parque Nacional de 122.000?», le espetó a la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto. Para que esas nuevas zonas regables fueran viables se necesitarían unos 5 hectómetros cúbicos de agua superficial, por lo que el almacenaje de esos 22 hectómetros «sobrantes» del embalse de Olivargas serían más que suficientes, quedando margen para otros usos que permitirían aliviar la presión sobre los acuíferos.

De esta forma, el trasvase de los 19,99 hectómetros del Tinto-Odiel-Piedras aprobado mediante la ley 10/2018 no sería necesario para solucionar el problema de los regantes de la Corona Norte y se destinaría de manera íntegra a asegurar el abastecimiento de los pueblos del Condado de Huelva y a sustituir el uso de aguas subterráneas del acuífero Almonte-Marismas por aguas superficiales en las zonas agrícolas de regadíos incluidas en el ámbito de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.

La última pieza para este puzle, además de la voluntad política de alcanzar un acuerdo, sería la finalización de las obras de la presa de Alcolea, paralizadas desde 2017, que almacenaría esa agua de Olivargas. La Junta ya se ha mostrado dispuesta a financiar las obras que comenzó el Gobierno de España. Sin embargo, desde el Ministerio de Transición Ecológica –y desde grupos ecologistas– se alude a que el agua embalsada está cargada de metales pesados por la «contaminación por drenaje ácido de mina sobre ríos y arroyos». Solo un acuerdo político acabaría con la polémica.