Un extrabajador del caso UGT-A dice que el sindicato tenía "un fondo de reptiles" como en los ERE

El extrabajador de UGT-A Roberto Alejandro Macías ha testificado este martes en el juicio que celebra la Audiencia hispalense contra el ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, por presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Durante su declaración ha explicado el procedimiento fraudulento que utilizaba el sindicato para financiarse y que contaba con la colaboración de varios proveedores.

El sistema era sencillo. Para justificar las subvebciones que recibía de la Junta de distintos programas, el sindicato pedía a algunos proveedores de confianza que inflaran la factura y el sobrecoste se lo reintegraran posteriormente, diinero público que acababa en las arcas del sindicato a modo de "bote" o "fondo de reptiles". Con esas cantidades presuntamenter defraudadas se abonaban gastos no imputables a las ayudas, desde merchandaising del sindicato a comidas o regalos.

Así lo ha manifestado este antiguo empleado de UGT Andalucía, condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, "información reservada y sensible" de la trama ahora sometida a este juicio, promovido contra el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

En ese sentido, este extrabajador de UGT-A empleado en el Departamento de Compras ha narrado que la organización sindical generó un sistema de "facturas falsas" con cargo a las subvenciones de la Junta de Andalucía, cuya elaboración encargaba a parte de las empresas proveedoras de la entidad. Estas sociedades proveedoras, según ha dicho, "inflaban" las facturas por indicación del sindicato para que el mismo pudiese justificar ante la Administración andaluza el gasto en "un servicio no prestado o realizado por un importe inferior".

Tal extremo, según ha precisado, derivaba en un "excedente" económico fruto de la diferencia entre la cuantía reflejada en la factura del proveedor y el dinero efectivamente pagado, o sea un "bote" económico que el sindicato, según sus palabras, empleaba para sufragar "bienes o servicios que no podía imputar a las subvenciones", desde "destornilladores a merchandising para la actividad sindical".

Es decir que se trataba algo similar a "un fondo de reptiles", según ha dicho parafraseando al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, fallecido en 2020 tras ser condenado por prevaricación y malversación por la Audiencia de Sevilla por el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos sufragados por la Junta de Andalucía y las ayudas arbitrarias a empresas.