Cincuenta millones de euros. Es la cantidad que ha ido aprobando el Gobierno de Pedro Sánchez de manera reiterada para el denominado Plan Especial de Empleo en Andalucía. Da igual que sea una de las comunidades autónomas con la tasa de paro más elevada de España –junto a Extremadura y Canarias– o que el peso poblacional obligue a dedicar más recursos. Desde el año 2019, poco después de que Sánchez llegara a la Moncloa, el Ejecutivo ha ido consignando la misma cantidad año a año a un ámbito que preocupa demasiado a los andaluces.

Andalucía cuenta con 599.727 desempleados, según los últimos datos relativos al mes de septiembre. El paro subió en 7.116 personas en un mes en el que tradicionalmente se experimentan subidas debido al fin de la campaña de verano. No obstante, la cifra se sitúa por debajo de los 600.000 parados por cuarto mes consecutivo, situándose en niveles similares a los de hace 17 años.

Con este plan, el Gobierno pretende así «contribuir al fomento y mantenimiento del empleo, a la generación de riqueza por parte del tejido productivo y establecer medidas para facilitar la mejora del mercado laboral».

Las medidas concretas a desarrollar y el periodo de ejecución del plan, que podrá extenderse durante 2026, se instrumentarán mediante un convenio a celebrar entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la comunidad autónoma. En este sentido, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, pidió a la Junta que «gestione bien y que no tengan que volver a devolver cantidades económicas que les trasciende el Gobierno de España para políticas activas de empleo».

Se trata de «alcanzar y mejorar» la formación en el trabajo, la recualificación o reciclaje profesional, así como de formación en alternancia que permitan a las personas beneficiarias, tanto ocupadas como desempleadas, adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional, para incrementar su cualificación y facilitar su inserción laboral; además de actuaciones que tengan por objeto incentivar la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo mejorando sus condiciones, especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el mismo.

Asimismo, se contempla el desarrollo de planes de empleo social en actuaciones coordinadas con las distintas administraciones públicas al objeto de mejorar la empleabilidad de los colectivos especialmente vulnerables; las actuaciones de información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de las personas desempleadas.

El Ejecutivo de Sánchez ha desatendido de forma reiterada en los últimos años la petición del Gobierno andaluz de incrementar la dotación de los sucesivos planes de empleo extraordinarios contemplados en los Presupuestos Generales del Estado. Todos han contado con una dotación de 50 millones de euros, una cantidad que equivaldría a tan sólo 80,8 euros por desempleado en la región. Sin embargo, los 15 millones recibidos por Extremadura elevan esa proporción hasta los 212,3 euros por parado, mientras que en el caso de Canarias, dispondría también de una cantidad muy superior, en concreto 291 euros por desempleado gracias a los 45 millones de euros contemplados en su propio plan de empleo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llegó a lamentar estas críticas y la comparación con otras comunidades. De hecho, pidió al Ejecutivo andaluz una rectificación porque «está criticando a una comunidad, como Canarias, que tiene unas singularidades por su carácter ultraperiférico». Junto a ello, denunció que la Junta «ha dejado sin ejecutar, por encima del 50%, los recursos públicos de los españoles». Estas críticas siempre han sido negadas por la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que defiende la correcta ejecución de todos los fondos.